Intiman al presidente de Shell a reinstalar a trabajadora despedida y amenazan con imputarlo por desobediencia.El titular del juzgado del Trabajo N° 16, Dr. Alberto González, intimó al presidente del directorio de Shell, Juan José Aranguren para que dentro de las 24 hs haga efectiva la medida cautelar que ordena la reinstalación en su puesto de trabajo de Analía Portillo “bajo apercibimiento d…e remitir copia de las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional para que, previo sorteo, designe un juzgado para que investigue la posible comisión del delito de desobediencia previsto en el art. 239 del Código Penal.”

Con esta orden, Aranguren, quien comanda los destinos de la petrolera que factura más de 16 mil millones de pesos por año sólo en Argentina, tendrá que afrontar un proceso penal si continúa incumpliendo los fallos de reinstalación de la justicia y con las prácticas de discriminación sindical y persecución laboral.

Recordemos que el conflicto comenzó el pasado 30 de abril cuanto Portillo junto a ocho trabajadores más fueron despedidos por la empresa por haber conformado una lista opositora al Sindicato Petróleo y Gas Privado de Avellaneda (SPyGPA) dirigido por Alberto Roberti, quien además de sindicalista es diputado nacional por el Frente Renovador. A partir de allí, los despedidos, con el apoyo de compañeros de trabajo, realizaron distintas movilizaciones al Ministerio de Trabajo de Nación y concentraciones en el Puente Pueyrredón para reclamar su inmediata reincorporación y denunciar la discriminación sindical, las malas condiciones de salubridad y el maltrato a las trabajadoras por parte de la multinacional anglo holandesa.

Ya hay tres fallos judiciales que exigen la inmediata reinstalación de tres de los despedidos, Analía Portillo, Fernando Luna y Gustavo Michel. Todos incumplidos por la petrolera hasta el momento.

Myriam Bregman, una de las representantes de Analía Portillo, junto a los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos Matías Aufieri y Gabriela Campos, afirmó “Logramos una resolución histórica contra el presidente de esta multinacional que solo se rige por sus propios intereses. La justicia debe hacer cumplir este fallo y garantizar que puedan participar de las elecciones convocadas para este 2 de octubre los principales referentes de la oposición, que fueron despedidos y tienen fallos de reinstalación; deben poder ejercer sus derechos laborales y sindicales”.

El viernes pasado los trabajadores se movilizaron a la Rural para denunciar a la empresa durante el festejo de sus 100 años en el país planteando que “no hay nada que festejar con familias en la calle”.