El Fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, afirmó que los agentes procesados por la presunta participación de la policía provincial en el tráfico de drogas «tienen mucha influencia dentro de la institución, tienen mucha protección política».
En una entrevista, Senestrari apunta contra la administración delasotista, a quien responsabiliza de brindar protección a los narcopolicías al señalar que «del único lugar que puede venir (la protección) es del gobierno de la provincia de Córdoba».
El Fiscal se refirió particularmente a la situación del Comisario Mayor Rafael Sosa, ex Jefe de Drogas Peligrosas de Córdoba, hoy detenido con prisión preventiva, y que a pesar de la cercanía del juicio oral, no fue pasado a retiro.
«Si mañana salen en libertad podrían volver a sus cargos sin inconvenientes» señala el procurador y denuncia que «si salen pueden borrar pruebas, inventar testimonios, amenazar testigos, tienen muchísimas posibilidades de causarle daño a la investigación».
El fiscal reconoce que a partir la investigación se comenzaron a implementar cambios en la fuerza provincial, pero señala que se está «pasando a retiro a efectivos que no tienen una causa penal» mientras los policías involucrados «hace meses que están presos y no hay colaboración de las autoridades provinciales».
Durante la entrevista, también analizó los resultados del avance de la investigación y las versiones que señalan que con las detenciones «se les cae el gran negocio» a las fuerzas de seguridad cordobesas.
Para el Fiscal, «si ese es un gran negocio va a seguir funcionando, hoy sigue funcionando» y señala que «desde que empezó este caso, en la justicia federal (en Córdoba) no hubo más casos complejos de drogas. Uno podría decir, si vamos a hacer lecturas, que el negocio aumentó porque no tocaron más a nadie», concluyó.
