El ex dueño de la constructora y el directivo Sánchez Caballero firmaron con Stornelli y Bonadio su compromiso de arrepentirse. El ejecutivo quedó en libertad, Calcaterra eximido de prisión.
El ex dueño de la firma IECSA Ángelo Calcaterra y el ex CEO de la misma empresa Javier Sánchez Caballero declararon como «imputados colaboradores» ante el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa en la que se investiga el presunto pago de coimas en la obra pública.
Sánchez Caballero recupera la libertad a partir de la excarcelación que le otorgó este lunes el juez Bonadio.
En tanto, el único prófugo es Oscar Thomas, quien a través de su su abogado, José Manuel Ubeira, intenta conseguir la eximición de prisión.
Ubeira arribó a los tribunales de Comodoro Py y presentó un pedido de eximición de prisión para el único prófugo en la causa por pago de coimas en la obra pública.
Thomas fue director del ente que administra la represa binacional de Yacyretá y fue uno de los funcionarios de confianza del ex ministro de Planificación Julio De Vido.
Calcaterra se presentó esta mañana en el juzgado de Claudio Bonadio e indicó que los pagos en cuestión fueron realizados a raíz de que fue «apretado» por funcionarios del kirchnerismo para que aportara dinero para las campañas electorales 2013/2015.
El empresario, primo del presidente de la Nación Mauricio Macri, fue dueño de la empresa IECSA.
Juan Aráoz de Lamadrid aseguró que su defendido Juan Carlos Goycochea ya aportó lo que puede aportar, básicamente que lo pagos correspondían a pretensiones que llegaban de el ex funcionario Roberto Baratta para aportes de campaña.
«Si no correspondían a estos reclamos no le liberaban los pagos de las obras con todos los problemas que les traían para las obras. Las sumas nunca superaron los 300 mil dólares», indicó.
«No hay exactitud respecto a la cantidad de pagos. El cuaderno tiene errores de días y de montos, aunque el lugar si es el que describe», agregó.
Aráoz de Lamadrid explicó que Goycoechea era funcionario de una empresa multinacional y lo que hizo fue transmitir a la empresa la exigencia para que desde España le indicaran dónde tenía que buscar el dinero y entregarlo.
«No eran siempre los mismos montos, pero siempre se relacionaban a un espacio de campaña. Era una extorsión que hacían los funcionarios», expresó.
