Un delincuente que se fugó de la Alcaidía de los Tribunales de Avellaneda-Lanús, en junio de 2022, cuando iba a ser juzgado por un feroz crimen, aún permanece prófugo. La fiscal María Alejandra Olmos Coronel, de la UFI 1 de Avellaneda, ordenó la captura internacional de este joven de 25 años pero nada se sabe de él.
Fuentes judiciales informaron que Joel Maximiliano Gómez continúa prófugo y que trabajan al menos dos brigadas policiales para dar con su paradero.
La mayor sospecha es que haya salido del país en forma ilegal, con ayuda de amigos o familiares, sostuvieron los investigadores.
Estos sostienen que el pedido de captura internacional “tarde o temprano” les permitirá dar con el prófugo. “Ya va a cometer algún error”, confían.
Gómez había sido trasladado el 21 de junio de 2022 desde la Unidad Carcelaria 40 de Lomas de Zamora hacia el Polo Judicial de Avellaneda-Lanús.
El joven fue alojado en un calabozo de la alcaidía interna y en esas circunstancias se quitó las esposas y forzó los barrotes de la celda, lo que quedó filmado en cámaras de seguridad y las imágenes se viralizaron en las redes sociales.
Luego de salir, Gómez se dirigió a un baño, donde dejó abandonada una campera roja y las esposas, para finalmente escapar corriendo del edificio por el sector trasero del estacionamiento, cuyo portón se encontraba abierto.
A raíz de lo sucedido tomó intervención la comisaría 2da. de Avellaneda y el Grupo Táctico Operativo (GTO) realizó el relevamiento de las cámaras de seguridad.
En las imágenes se visualizó que Gómez salió del edificio a las 13.36 y que vestía remera negra con pantalón de jeans, zapatillas blancas.
Además se trata de un joven delgado, de tez blanca y una altura de un metro setenta, informaron fuentes policiales.
El imputado se encontraba detenido con prisión preventiva a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, que iba a juzgarlo por un homicidio cometido en 2020.
Por este motivo, el juez Martín Pizzolo, que preside el TOC 1, le dio intervención a la UFI 1 que dispuso del secuestro de los teléfonos celulares de los agentes del SPB y una serie de medidas tendientes a localizar al prófugo.