Una gravísima denuncia en las redes sociales se ha viralizado y supera los 2.500.000 de reproducciones y un millar de repudios a la DINAF, dependiente del municipio de Avellaneda, cuyo intendente Jorge Ferraresi es el máximo responsable de los irresponsables funcionarios, por la gravedad de la denuncia también queda en evidencia el lento proceder del Fiscal Mario Walter Prieto, titular de la UFI 2 del Polo Judicial de Avellaneda.
A pesar de que la denuncia hace referencia a la violación de una menor de tan solo 10 años, a la fecha, no se han articulado los representantes del Estado para trabajar en defensa de los derechos de los niños, de la víctima y mucho menos se ha avanzado en el fuero penal para determinar la responsabilidad del supuesto abusador sexual.
Preocupa a los familiares de la menor víctima del aberrante hecho criminal el hecho de que las autoridades del DINAF, Lorena Cecilia Ramundo, no solo saben que la madre de la menor ha sido cómplice de los abusos, sino también consta en el expediente que una hermana de 6 años de la nena de 10 abusada, estaría padeciendo idénticos abusos.
Consultados expertos en minoridad, han coincidido que tanto la DINAF como la UFI 2 del Polo Judicial de Avellaneda, han actuado de forma negligente en lo que a la tutela de los derechos del niño se refiere, más allá del desconocimiento que puede tener el fiscal penal, es incomprensible que no se haya avanzado en la investigación por la violación, que no se hayan adoptado medidas cautelares sobre la menor y que no hay existido un seguimiento, por el lado de la DINAF que a esta altura el intendente debería asumir su responsabilidad por la deficiente tarea y reemplazar a sus conductoras, ni la directora, coordinadora y personal profesional cumplen con su trabajo, si el intendente valora la militancia de esta gente que los ubique en otra dependencia donde no hagan daño.
Existe una fuerte propuesta de indignados de realizar marchas y movilizaciones por el hecho que es sumamente grave, no se trata de algo hipotético, existe una responsabilidad tanto de la madre como del abusador en perjuicio de la menor y no se puede estar «probando qué pasa».
Ninguno de estos funcionarios se ha representado la situación de riesgo y de dolor de la menor, mucho menos se ha valorado el esfuerzo y el compromiso de las hermanas de la menor en contenerla y en atenderla llevando a la nena a ser atendida por una psicóloga que ellas pagan y que esta medida atenta contra su tratamiento.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
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