Aumento en la cuotade colegios privados en la provincia de Buenos Aires

Las siete entidades que representan a los colegios de gestión privada confesionales y no confesionales acordaron que los aranceles podrán incrementarse hasta un 5 por ciento, pero recién en marzo próximo.

De todas formas, la cartera de Educación provincial comenzó a trabajar con el sector privado la manera en que se aumentarán las mensualidades más allá de ese mes.
 
Ambos sectores analizan aplicar un sistema de bandas arancelarias, pero hasta tanto no se defina el nuevo esquema y entre en vigencia, las cuotas serán las establecidas para marzo.
 
El acuerdo entre las entidades de la educación privada será refrendado hoy por el gobierno de la provincia y permitirá a los colegios incrementar en un 5 por ciento las cuotas en marzo próximo, para cubrir los ajustes de los costos laborales de este año que no habían sido trasladados a la tarifa mensual.
 
De todas formas, gobierno y directivos de colegios privados continuarán analizando el tema y buscarán que luego las cuotas no se modifiquen sustancialmente.
 
«El único aumento que se aplicará estará en consonancia con el incremento salarial que se otorgue a los docentes una vez que se realicen las negociaciones paritarias», dejaron trascender fuentes del gobierno.
 
En la provincia está vigente desde 2006 el sistema denominado «recupero de mayores costos laborales».
 
El mecanismo permitió a las escuelas recuperar el incremento que año tras año debieron afrontar en materia de costos laborales, pero sin modificar el «arancel puro».
 
Si se acuerda el sistema de bandas arancelarias, cada colegio privado ingresará en una determinada banda que se fijará de acuerdo al subsidio estatal que perciba, a su matrícula, su plantel docente y no docente, la infraestructura con la que cuente, las actividades extracurriculares, el número de alumnos becados, entre otros elementos.
 
El tema que hoy genera mayores desacuerdos entre los funcionarios y las entidades privadas son las materias extraprogramáticas.
 
Las autoridades educativas pretenden que los colegios que reciben más aporte del Estado cobren menos por esas actividades.

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