Argentina, el Papa Francisco y una deuda pendiente con miles de víctimas

La PFA publicó en el día de hoy unas fotos de la visita del Jefe de la Policía Federal Argentina, el Comisario General Juan Carlos Hernández, en el marco de la reunión del @santamartagroup contra el tráfico humano. Lo acompañó el Jefe de la Secretaría de Control Legal y Técnico Crio. Mayor Pablo BRUNI.

El evento se trata de la Conferencia del Grupo de Santa Marta, al concluir su reunión de tres días sobre la trata de personas en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales en la Casina Pio IV del Vaticano.

Fundada en 2014

El grupo, dirigido por el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster, se estableció en 2014 para prometer una cooperación más estrecha en las iniciativas contra la trata de personas entre la Iglesia católica y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo, ya que este flagelo continúa creciendo y un mayor número de personas vulnerables están cayendo. presa de las organizaciones criminales.

Recibió el nombre de la residencia papal donde se alojaron los participantes de la Conferencia del Vaticano en abril de 2014 y resultó en una ‘Declaración de compromiso’ firmada por todos los jefes de policía presentes para trabajar juntos en el escenario internacional para desarrollar estrategias en prevención, cuidado pastoral. y la reintegración.

Desde ese primer evento, jefes de policía, líderes de la sociedad civil, obispos y religiosas se han reunido regularmente para compartir experiencias y buenas prácticas. También buscan fortalecer la cooperación a nivel internacional, nacional y local para mejorar y hacer cumplir mejor las legislaciones existentes contra la trata de personas, que el Papa Francisco ha descrito como “un crimen contra la humanidad” y “una herida en el cuerpo de Cristo”.

Las situación en Argentina

Poco hay por celebrar en materia de éxitos en la lucha contra el tráfico humano, desde hace ya varios años la Argentina es señalada como un país con un elevado «turismo sexual de menores», esto lo señalan organizaciones contra la trata sexual y la propia UNESCO.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) elabora informes sobre desde el 2006 sobre la Trata de Personas en Chile, Uruguay y la Argentina, situando la base de operaciones en la provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Cruz. Según un informe hecho por el gobierno de los Estados Unidos, mujeres extranjeras, especialmente de Paraguay y Brasil, son llevadas a Argentina para explotación sexual, mientras que bolivianos y peruanos son transportados al país para trabajo forzado en talleres textiles y en la agricultura. Con los años, surgieron nuevos migrantes sometidos a distintos tipos de explotación laboral, como ser los venezolanos que llegaron al país sin contactos políticos y los senegaleses que se los suele ver ofreciendo productos en la modalidad «venta ambulante».

Aunque Argentina es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata (tanto interna como externa), la historia de la trata de personas y sus prácticas de esclavitud sexual y laboral en el país no es reciente. En la actualidad, la mayor parte de las víctimas tienen origen y destino en el país, y provienen de áreas rurales a urbanas. Las víctimas en su mayoría son originarias de las provincias del norte del país (Misiones, Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco y Santa Fe), pero también de los países limítrofes (principalmente Brasil, Paraguay y Bolivia) y otros países latinoamericanos, como la República Dominicana o Colombia. Una característica común de estas víctimas es la falta de formación educativa y la vulnerabilidad social y económica en las que se encontraban en sus hogares.

Junto a la Trata de Personas, algunas provincias han experimentado un crecimiento descomunal del narcotráfico, como ha ocurrido con Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Neuquén, La Pampa, Misiones, Entre Ríos, con un importante lavado de dinero en obras que curiosamente no han sido investigados por el gobierno y la justicia.

Dentro de los órganos encargados de la coordinación de la persecución criminal del delito, el Estado nacional creó en 2008 la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), que efectuó un importante trabajo de coordinación con fiscales federales en las regiones del país, a la vez de iniciar un proceso de sistematización de información sobre procesos judiciales contra tratantes. A su vez, en 2013, dicho organismo fue reemplazado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) en ámbito de la Procuración General de la Nación, a la vez que se implementaron otras iniciativas a nivel federal.

Personalmente he criticado con fundamentos en las estadísticas el trabajo de la Procuración General de la Nación en cuanto a la baja productividad de investigaciones que permitan condenas a los implicados en la mafia de la Trata de Personas, las condenas por el delito de Trata de Personas es casi nulo, los juicios tienen bajas condenas y en general terminan siendo condenas por reducción a la servidumbre una pena mucho menor y que deja una estadística irreal en los papeles. Hoy la PROTEX la conducen Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano.

A partir de la modificación de la Ley de Trata de Personas en 2012, se creó también un sistema federal de seguimiento y coordinación de políticas públicas para la lucha contra la trata de personas, denominado Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, implementado a partir de 2015. El encargado de coordinar dichas políticas es el Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia de las víctimas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Estado Nacional. Dentro de los desafíos que se enfrenta este órgano nacional es lograr una adecuada coordinación con los puntos focales previstos en las normas nacionales y locales.

Hoy el titular y Director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la trata y explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas, es Gustavo Vera, un docente, activista y político, que es además el titular de la ONG La Alameda y confeso amigo del Papa Francisco, que protagonizó mediáticas marchas por el trabajo esclavo y la trata, con el apoyo de algunos medios y periodistas como Mercedes Nilsin, pero la realidad es que más allá de la puesta en escena, los resultados reales es que la Trata y el Trabajo Esclavo siguieron creciendo y Vera ingresó a la política, para hacer lo que hacen los políticos, autobombo, viajar, publicar sus conferencias que no conducen a nada y vivir del Estado.

Lo desafío públicamente a Gustavo Vera a que nos muestre logros reales y concretos contra la trata de personas, las calles de los barrios por donde alguna vez marchó denunciando explotación sexual incluso de menores hoy están peor que antes, lo que evidencia una incoherencia en su ética y honor, cuando no era funcionario y sin recursos sabía dónde ir, denunciaba y marchaba, ahora con todos los recursos del Estado, viaja a otros países mientras acá no se hace nada.

La trata de personas con fines de explotación sexual (principalmente de mujeres) representa la mayor práctica de este delito en el país. Según datos de autoridades argentinas, de los casos investigados por trata de personas, el 69% están relacionados con fines de explotación sexual, y de ese porcentaje, el 73% es contra las mujeres. Por su parte, el 31% corresponde a explotación laboral.

De allí la importancia de una adecuada perspectiva de género al estudiarse sus causas y consecuencias. En este tipo de trata de personas, los “servicios sexuales” se asocian al rol femenino. Así, esta práctica sexual es vista como un “trabajo o servicio” en el que la mujer es posicionada en el papel de proveedora de una necesidad masculina. Ello implica una mayor estigmatización y violencia como fruto de las percepciones prejuiciosas sobre el género. En el contexto de este delito, sus cuerpos son vendidos a decenas de hombres por día -en donde se perfilan aspectos de poder e impunidad- en grandes ciudades o localidades alejadas, y donde la adolescencia o la juventud de las víctimas es un común denominador.

Acá es importante destacar la ineficiencia y poco compromiso de la actual Ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, quien fue funcionaria del Ministerio Público Fiscal de la Nación, conoce muy bien los delitos de narcotráfico y trata, se supone que además tiene una especialización en Derechos Humanos integrando la Comisión Directiva del CELS, pero con todo eso, no ha tenido un rol relevante en la defensa de los géneros más vulnerables sometidos a las distintas explotaciones de estas mafias. Sería interesante que alguna vez se baje de la nube donde habita y nos cuente a todos los ciudadanos en qué usa sus horas y en qué gasta los recursos del ministerio, porque los resultados generales no la acompañan.

Y ya en los Jefes de las Fuerzas de Seguridad federales y provinciales, se sabe que sin controles superiores, sin secretarios y ministros capacitados y honorables es una utopía creer que persé van a investigar y cuando alguno lo hace, encuentra a Fiscales o Jueces que tienen otros intereses distintos a honrar la magistratura. No es una novedad que las fuerzas como la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval están bajo sospecha hace años, ejemplos sobran y quizás por ellos algunas investigaciones judiciales son llevadas adelante en este tipo de delitos por la PSA (Policía de Seguridad Aeronáutica), con la creación de la Policía de la Ciudad, la «caja negra» de recaudación ilegal de narcotráfico y trata de personas, pasó a ser un tema del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien a la fecha ni el ni los responsables del Ministerio Público Fiscal de CABA se han expedido al respecto de estos delitos, salvo un poco del circo de quemar algunos kilos de marihuana secuestrados durante un año, que representan menos de lo que circula a diario, entonces las cuentas dan mal.

En CABA la oferta sexual es de la más variada, páginas, redes sociales, mensajerías y hasta las clásicas pegatinas con dirección, foto y teléfono ofreciendo sexo siguen vigentes en el microcentro.

Bergoglio es el Papa que más sabe del tema, lo he conocido en reuniones en La Alameda y en misas en barrios como Constitución, Retiro y Liniers, como también sabe muy bien de los abusos sexuales cometidos por algunos sacerdotes y algunos de los que dicen combatir estos delitos, pero son lobos jugando a ser corderos.

Argentina duele con estos delitos que agreden a los más vulnerables, todos los mencionados están invitados a explicar lo inexplicable o a cumplir con lo que dicen y tener algo de dignidad, honor y respeto por las víctimas.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw

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