El Director General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, Alberto Estanislao Sileoni, es otro de esos curiosos funcionarios que tiene la gobernación, donde todo es aplausos y dale que va, las medidas son con intenciones políticas y poco importa si la educación es de calidad o si se cumplen las normativas que rigen la carrera docente, abundan escuelas, institutos y falsas casas de estudios superiores con la pasividad cómplice de la Dirección General de Cultura y Educación.
Sileoni es sin dudas más un militante político que un verdadero profesional de la educación y si bien cuenta en sus antecedentes una amplia experiencia en el cargo, tanto a nivel nacional, provincial o incluso en la Ciudad de Buenos Aires, la única verdad es la realidad y esa nos indica que según últimos estudios de evaluación de alumnos en la provincia de Buenos Aires 8 de 10 alumnos no tienen comprensión de lo que leen, según informes de CIPPEC y en las pruebas PISA.
Al reclamo de diputados y senadores de la oposición por lo que entienden es un progresivo deterioro de la educación Sileoni respondió con una curiosa frase «nosotros preferimos el silencio pedagógico».
También docentes bonaerenses mostraron su malestar cuando denunciaron que desde la Dirección General de Cultura y Educación, les bajaron cuadernillos para repartir y debatir entre los alumnos en los que se ponía como eje la tolerancia y el odio, usando como ejemplo el intento de magnicidio que sufriera Cristina Fernández de Kirchner lo que fue interpretado como una acción oportunista y de adoctrinamiento que poco y nada tiene que ver con la currícula docente.
Violencia laboral a docentes
Si algo faltaba a las denuncias contra la gestión de Sileoni, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, presento un informe donde se observa que hasta diciembre de 2021 se habían abordado 1.746 denuncias y se otorgaron 783 licencias, en al menos 10 organismos públicos diferentes, entre ellos la Dirección de Cultura y Educación, el Ministerio de Salud y el de Seguridad. Muchos de los casos vinculados a las denuncias de violencia laboral son por docentes que NO MILITAN y suelen oponerse a cuestiones que nada a portan a la calidad educativa.
Otros por el solo hecho de militar acceden a cargos docentes aún cuando no reúnen uno solo de los requisitos, situación que se agrava en el caso de la educación artística.
Avellaneda un caso testigo
En el partido de Avellaneda, una Ordenanza municipal de dudosa legalidad, votada en 1994 bajo la intendencia del radical Luis Sagol, bajo el número 7433, flexibilizaba los requisitos para el ingreso a la educación artística y así se «legalizaba» de alguna manera eso de «premiar amigotes» con cargos en la municipalidad. Los beneficiados con esto no fue la comunidad, sino todo lo contrario, se pagan sueldos similares a los de verdaderos docentes a personajes que solo cuentan como formación el secundario de los años 60.
Más aún desentendiéndose de sus obligaciones que por Ley le competen, Alberto Sileoni, juega al distraído con las irregularidades en materia de educación pública que ocurren en Avellaneda, en el área de la Subsecretaría de Educación Artística, a cargo de la Jefatura de Gabinete que preside Magdalena Sierra, los institutos municipales otorgan títulos reconocidos por la Dirección de Educación Privada, algo raro desde lo administrativo y la frutilla de la torta es el IDAC donde existe un claro engaño en la oferta académica por llamarla de alguna manera, en la que el título no tiene validez alguna y la mayoría de los docentes no tienen formación alguna como tal, ni siquiera el tramo pedagógico, las propias autoridades no saben explicar la situación y la excusa es que Sileoni está al tanto, es un compañero, estamos gestionando la forma de validar el título y «poner orden en el cuerpo docente».
¿Estarán de acuerdo los vecinos y contribuyentes en pagar sueldos de docentes y jubilaciones a quienes no lo son?, los señores esos que dicen ser «legisladores» nuestros concejales, los actuales y los que pasaron, ¿no sabían sobre esta irregularidad? o cada uno puso un «amigo» en cargos similares y entonces acá no pasa nada.
Que dijo Sileoni el 11 de julio del 2022 en un acto en el CMA sobre la educación en Avellaneda, “Desde que asumió Jorge Ferraresi como intendente puso como eje a la Educación. Es un ejemplo a seguir”, dijo y agregó: “Gracias por lo que has hecho para mejorar el sistema bonaerense”.
Asimismo, subrayó el rol de los directores y directoras: “Deben conducir cada institución educativa, proteger y garantizar los derechos de otros, de los alumnxs”.
Bueno, que alguien le explique a Sileoni que la Ley debe ser cumplida, la Ley 13.388 en el Capítulo I, artículos 1 al 5, destacando de este último que expresamente describe como responsabilidad principal e indelegable la garantía y la supervisión de la Dirección General de Cultura y Educación, cito además el Estatuto del Docente Ley 10579, Capítulo XII, artículos 57 y 58
Conclusiones
El señor Alberto Estanislao Sileoni CUIT: 20-10305902-0, debe cumplir con sus obligaciones antes que con su actividad política, debe ser uno de los funcionarios con más denuncias por hostigamiento a docentes tiene en su haber, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) así lo confirman con más de 200 denuncias bien documentadas por presiones a docentes para direccionar la intención de voto.
El caso de Avellaneda, no es el único, una centena de denuncias por estafas a alumnos por parte de instituciones privadas siguen sin resolverse y en donde se excusan de responsabilidades la Dirección General de Cultura y Educación con los municipios donde funcionaban los estafadores, pero lo cierto es que el control debe ser realizado por la gobernación quien por Ley debe hacer cumplir las obligaciones que elude Sileoni, quien es más feliz aplaudiendo y en el rol de invitado de honor que en el de contralor.
Veremos qué posición toman los concejales de Avellaneda al respecto, porque a los vecinos les cuesta muy caro mantener y pagar sueldos a gente que ocupa el cargo de otros que sí están capacitados, la Ley de Administración Pública y la propia Constitución Nacional, refieren a idoneidad para el cargo.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
