Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana

Para comprender la importancia del Acceso a la Información Pública y la Participación Ciudadana, voy a citar los conceptos generales a nivel mundial al respecto.

El acceso a la información pública, como se establece en las convenciones y leyes nacionales, representa un derecho fundamental para todos los ciudadanos que deseen buscar y recibir información y datos en manos del Estado. Asimismo, es importante porque permite participar en los asuntos políticos y monitorear las acciones del Estado
transparentando la gestión pública.

El ejercicio del derecho de acceso a la información pública fortalece la participación ciudadana, las políticas públicas, la gestión pública y por ende la gobernabilidad democrática. Al mismo tiempo, permite reforzar la legitimidad del sistema democrático incorporando al ciudadano en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas, sumando un componente de sustentabilidad a las políticas públicas.

La Constitución de la Nación Argentina (1994) garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del artículo 1°, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo -que establece nuevos Derechos y Garantías- y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales.

Desde 2016 el país cuenta con la Ley 27.275 de «Derecho de Acceso a la Información Pública», que tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública (Art. 1).

El derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados por la ley. A su vez, se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados alcanzados por la norma (Art. 2).

Asimismo, Argentina adhiere a los principios establecidos en la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, adoptada por la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de 2016, y en ese marco fomenta la rendición de cuentas de la administración pública ante la ciudadanía y un permanente control social.

Dicho esto, surgen en la Argentina, serias irregularidades por parte del Estado y sus organismos al momento de brindar la información requerida, si bien existe la Ley 27.275 en la esfera nacional y las provincias deberían haber adecuado sus normas a la mencionada norma, no faltan los funcionarios que limitan el acceso a la información incluso invocando normas de menor rango, desconociendo que existe una jerarquía de leyes o pirámide de Kelsen. Conductas contrarias a derecho que deberían ser erradicadas de plano en un Estado de Derecho, los gobiernos tienen cientos de abogados con cargos jerárquicos que nos cuestan muy caros, pero esta situación tan básica continúa siendo un problema en gobiernos por ejemplo como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

A nivel nacional, curiosamente la dependencia más reacia a brindar información o tener una gestión abierta a la participación ciudadana es la Oficina Anticorrupción, ha sido así durante muchos años y solo recuerdo una excepción en el Dr. José Massoni con quien tuve varias entrevistas, donde siempre se mostró receptivo a mejorar el trabajo de una oficina importante para la transparencia de la que tanto se habla pero poco se hace. Su reemplazo Manuel Garrido fue para el olvido al igual que otros es funcionarios que dejaron mucho por hacer y siempre tuvieron excusas pueriles.

Hoy la OA, con su titular el Dr. Félix Pablo Crous es más amplia, con un presupuesto muy superior y varias direcciones, por ende más personal, es menos eficiente y ni siquiera tienen tiempo para audiencias.

De la investigación periodística sobre varios funcionarios surgen inconsistencias relevantes e incompatibilidades que no son detectadas y al requerirle información pocas veces responden.

La cuestión del Acceso a la Información Pública y la Participación Ciudadana se agrava en la provincia de Buenos Aires donde directamente y como ya lo he mencionado varias veces no hay una gestión seria, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Julio Alak es solo un conjunto de funcionarios que poco hacen por la transparencia, a pesar de que poseen la Ley N° 15.000 y los Decretos Reglamentarios N° 899/18 y 696/20, he comprobado serias irregularidades e incosistencias que he puesto de manifiesto al Ministerio obteniendo como respuesta que no pueden cotejar o investigar lo declarado en las declaraciones juradas, ergo, los funcionarios no se toman con seriedad el informar la veracidad de su patrimonio y el origen, con lo cual se viola la Ley y se torna abstracto las dependencias vinculadas a la transparencia, falta evidentemente decisión política de cumplir con las normas anticorrupción, no basta con pregonar transparencia si no se trabaja en ella.

Por el lado del Gobierno de la Ciudad, poseen la Ley 104, de Acceso a la Información Pública, que en líneas generales funciona bien, la aclaración es necesaria porque dependiendo del tema requerido y del funcionario alcanzado la información se rechaza, aún cuando no hay una causal legal para ello, con lo cual es evidente que existen temas “blindados” y otras dependencias no dudan en mentir como si fueran niños cuando de algunos “negocios” poco claros se trata entre el Gobierno de la Ciudad y empresas.

Existe una especie de “limbo” entre las normas que garantizan el Acceso a la Información y la Participación Ciudadana, los gobiernos están cómodos en incumplir las obligaciones porque la vía judicial para recurrir los incumplimientos es tediosa y lenta, no hay una cultura de parte de los funcionarios en general de investigar hechos de corrupción, instituciones relevantes como las que forman parte del Poder Judicial, poseen oficinas de Control Interno con nula efectividad a pesar de que las encuestas muestran desconfianza de los ciudadanos en la justicia, como si las máximas autoridades, Corte y Procuraciones Generales no estuvieran informadas o vivieran una realidad distinta al resto de la sociedad. Poco se puede esperar de estos si son justamente ellos los que suelen incumplir con la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y de transparencia. Los Consejos de la Magistratura a la fecha no han desarrollado la transparencia que los ciudadanos reclaman a los magistrados.

Para concluir, es tarea de los ciudadanos el reclamar y participar, la transparencia es necesaria porque la corrupción nos afecta a todos, la corrupción MATA, no es una frase, es la realidad, no se trata de funcionarios o políticos “vivos” u oportunistas, se trata de delincuentes, se trata pérdidas que no se pueden cuantificar, no se trata de el auto de alta gama o el yate que no pueden justificar sino de los recursos que no tiene el PAMI para que un viejo no se muera, se trata de la medicación que necesita el niño o niña de la colecta que ves en redes sociales, se trata de la ambulancia que no llega a tiempo y así miles de ejemplos diarios.

Ejerzamos la ciudadanía, tengamos compromiso social porque tarde o temprano eso que no reclamamos nos termina llegando a todos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw

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