Para el fiscal Leonel Gómez Barbella, la presencia de Andrea Andraca, quien cumple funciones en la División de Asuntos Penales y Contenciosos de la Policía de la Ciudad, en la zona de donde acribillaron a Lucas González tuvo como finalidad “ayudar o asesorar legalmente” a los oficiales acusados del homicidio.

El 17 de noviembre pasado, a media mañana, dos de los amigos de Lucas González, el joven futbolista de Barracas Central asesinado por oficiales de la Policía de la Ciudad, todavía estaban esposados en el suelo cuando una mujer rubia “iba y venía todo el tiempo” y “daba vueltas alrededor del auto” donde viajaban la víctima y sus acompañantes cuando fueron atacados a balazos.

Se trata de Andrea Andraca, abogada de División de Asuntos Penales y Contenciosos de la fuerza de seguridad porteña. Para el fiscal Leonel Gómez Barbella, que tiene delegada la investigación de los hechos, la presencia de la letrada en la escena del crimen tuvo la finalidad de “ayudar o asesorar legalmente” a los uniformados involucrados.

Así lo sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal en un dictamen en el que solicitó la detención de Andraca y su llamado a prestar declaración indagatoria. El pedido fue provisionalmente rechazado por el juez de instrucción en lo criminal y correccional porteño Martín del Viso, informaron a LA NACION fuentes judiciales. Para el magistrado el requerimiento es “prematuro”, a la luz de las pruebas actuales.

En tanto, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño destacaron que la asistencia de los letrados en este tipo de casos “es habitual” y que los abogados no forman parte de los procedimientos policiales, sino que concurren al lugar de los hechos para analizar si es plausible asesorar a los efectivos policiales en función de su actuación.

“No se entiende la causa por la cual una funcionaria de la División de Asuntos Internos y Contenciosos de la Policía de la Ciudad, con una experiencia de casi cuatro años y medio, tal como surge del Sistema Integrado de Recursos Humanos [de la fuerza de seguridad] y avezada en leyes del Derecho, específicamente en materia del Derecho Penal, se presente en el lugar y permanezca durante el tiempo que lo hizo durante la serie de conductas ilícitas que se llevaban a cabo allí.

Su presencia únicamente se justifica en haberles brindado ‘ayuda o asesoramiento legal’ al resto de los encausados policías para poder realizar los hechos ilícitos, ocultando cualquier extremo que permitiera que fuesen descubiertos, y ante su amparo se permitieron semejantes sucesos”, sostuvo el fiscal Gómez Barbella en su dictamen, al que tuvo acceso LA NACION.

En su dictamen, el fiscal Gómez Barbella resaltó que mientras la abogada de la Policía de la Ciudad estaba en la escena de los hechos, no solo dos de los amigos de Lucas [que estuvieron detenidos hasta que se ordenó su liberación tras ser sobreseídos] estaban esposados en el suelo, sino que también “les fue ‘plantada’ el arma de cotillón [sic]” en el auto.

“Frente a ello, fácil es concluir que el rodado en cuestión no se encontraba resguardado de cualquier otra persona ajena al procedimiento, porque, claro está, la abogada referenciada se trataba de una funcionaria que, justamente por sus propias actividades, no debería permanecer en el sitio”, sostuvo el representante del Ministerio Público.

Si bien en el dictamen, a partir del testimonio de testigos, el fiscal sostuvo que la abogada vestía una pollera, las imágenes difundidas por el noticiero de canal 9 (elnueve) se la pudo observar que llevaba puesto un pantalón largo oscuro y una camisa de color claro.

Tras el rechazo del dictamen, el representante del Ministerio Público intentará encontrar nuevas pruebas de su hipótesis criminal para convencer al magistrado, dijeron los voceros consultados.