Un fiscal pidió que se cite a prestar declaración indagatoria al cirujano Diego Enrique Schavelzon Chavin, Director médico de “B&S Centro de Excelencia en Cirugía Plástica”, y vicepresidente de la Asociación Argentina de Medicina y Cirugía Cosmética en el marco de una causa por “ las irregularidades encontradas para adquirir estupefacientes” en la institución e impedir una clausura.
El dictamen fue firmado por el fiscal federal Federico Delgado, y presentado ante la jueza María Servini de Cubría, quien además pidió la indagatoria de Laura Coscio, apoderada del centro y de los médicos Andrea Plazibat, Pedro Martín San Juan y Guillermo Blugerman, según informaron fuentes judiciales a Infobae.com.
Se trata de una causa iniciada por denuncia del Ministerio de Salud, y se los acusa de no permitir la clausura preventiva del centro médico B&S en Laprida 1579, el 19 de agosto por parte de la Dirección Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras.
De acuerdo al dictamen, cuando el personal de la Seccional 19ª de la Policía Federal fue a cumplir con la medida a raíz de las irregularidades en la compra de estupefacientes, los acusados decidieron “ no permitir el acto de clausura preventiva” por “improcedente, infundado y excesivo”.
Por ese motivo, el 27 de agosto, Horacio Zampieri, de la Dirección de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud, realizó la denuncia ante la Cámara Federal, y la causa recayó en Servini de Cubría, informaron las fuentes.
“Se llevaría a cabo un acto de simulación, por el cual el centro médico, en lugar de seguir el procedimiento legalmente establecido para adquirir estupefacientes en carácter de institución asistencial, habría simulado una prescripción y un despacho directo al paciente, ya que al carecer de habilitación, no hubiera podido adquirirlas siguiendo el procedimiento normado para las instituciones, por carecer de habilitación”, sostuvo el fiscal.
“El procedimiento legalmente establecido se encuentra previsto en el inciso d) del artículo 15 de la ley 17.818 que dispone: ´los establecimientos podrán adquirir los medicamentos o preparados con estupefacientes con la firma del director médico. El pedido deberá ser previamente visado por la autoridad sanitaria competente´”, dice el dictamen.
En el caso lo que se denuncia es que las recetas que utilizaban los imputados son las previstas en el artículo 16 de la mencionada ley, que sólo resultan aptas para el despacho en farmacia directamente al paciente, y no para la venta a instituciones.
