Con el fin de que se garantice el acceso a la comunicación y a la justicia, el juez Roberto Conti, integrante del Tribunal en lo Criminal (TOC) N 7 de Lomas de Zamora, ordenó que el dinero decomisado de una causa por narcotráfico, que terminó con una condena a 4 años para los imputados, se destine para la instalación de Wi-Fi en la Unidad Penal N°40 de Lomas. 

Conti aseguró: “Considero que es necesario para una mejor readaptación social y para garantizar principios constitucionales. Espero que se replique en otras unidades porque en definitiva es responsabilidad del Estado”. 

En un contexto atravesado por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), las personas privadas de su libertad vieron afectada su comunicación tanto con familiares como con sus defensores. Y si bien el Tribunal de Casación Penal había autorizado la utilización de celulares en todos los penales de la provincia de Buenos Aires durante el período en el que subsista el ASPO, muchas personas no tienen los recursos para pagar su propia conectividad.

Luego del decomiso de $ 20.800 en una causa por comercialización de drogas en la que resultaron condenadas dos personas a 4 años, Conti resolvió que el dinero se destine para la contratación de wifi a traves de un modem o que se extienda el cableado necesario. La norma permite destinarlo a donde se considere mientras sea un organismo público. 

“Pensé en hacer algo más concreto. Esto genera un efecto favorable a la unidad porque le estas dando una herramienta más en este contexto”, afirmó a este medio el juez. El dinero será transferido a una cuenta bancaria dispuesta por el Servicio Penitenciario Bonaerense para que se comiencen los trámites de contratación. 

Conti espera que pueda replicarse en otras unidades y que otros jueces tomen una idea parecida ya que se puede utilizar para una gran cantidad de cuestiones necesarias dentro de las unidades. 

“En este contexto nadie tiene contención familiar porque nadie puede salir ni entrar. Con esto los ayudo a que se garantice la conectividad pero se puede destinar a la compra de libros  o la construcción de un almacén dentro de la cárcel por ejemplo “, explicó Conti. 

En cuanto a la causa en donde estaba el dinero secuestrado, la fiscal Mariana Monti y los defensores de los imputados acordaron una pena de 4 años, en el marco de un juicio abreviado que evita el debate oral.