El justicialismo provincial logró aprobar el proyecto en medio del escándalo por la presunta vinculación del ex Comisario General Tognoli con el narcotráfico.
El escándalo que desató la detención del «narco-comisario» de Santa Fe, que esta semana tuvo secuelas inesperadas en el Congreso nacional, está avivando la arista política de la crisis de seguridad que vive la provincia.
La Cámara de Diputados de esa provincia convirtió hoy en ley un proyecto que declara la emergencia en seguridad, días después de la detención del ex jefe de la Policía, Hugo Tognoli, presuntamente implicado en acciones de narcotráfico.
La iniciativa contaba con media sanción del Senado desde agosto pasado, y si bien fue resistida por el bloque Frente Progresista, el justicialismo logró que se sancionara la norma. Ahora sólo queda que la promulgue el gobernador socialista Antonio Bonfatti.
La ley establece el pase a disponibilidad de policías investigados judicial o administrativamente, y en caso de ser promulgada por el Poder Ejecutivo, no permitiría la permanencia de la actual jefe de la fuerza de seguridad, Cristian Sola, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Por otra parte, los legisladores justicialistas destacaron que la norma tiene «la intención de aportar una herramienta que sirva para atravesar la extremadamente delicada situación que vive la Provincia en estos días, donde las autoridades han reconocido que existen varios jefes investigados por enriquecimiento ilícito, hablan de cajas negras y admiten un desgobierno hacia las fuerzas policiales».
La emergencia tendrá una vigencia de 18 meses, que pueden ser prorrogados. Además, establece la implementación de programas de contención social y propone agilizar la recepción y resolución de denuncias de delitos civiles, conflictos entre vecinos o familiares por medio de juzgados comunales y Registro Civil.
La ley tiene como objetivo, además, la depuración de agentes policiales sospechados e investigados ya sea en sede administrativa o judicial, englobando a todos los que han cometido faltas como supuesto enriquecimiento injustificado del personal policial en ejercicio de sus funciones o hasta 6 años después de su renuncia o pase a retiro.
Por último, la nueva legislación permite la incorporación de efectivos policiales capacitados intensivamente en un semestre y supervisados por las fuerzas especiales de la repartición.
