Ana Álvarez fue acusada por el jefe de Gabinete de integrar la supuesta “industria del juicio” orquestada por oficiales, abogados y jueces.
La jueza federal de Río Gallegos, Ana Cecilia Álvarez, calificó de una «absoluta mentira» los dichos del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, acerca de que ese juzgado fue uno de los responsables de haber generado «un descalabro» en los haberes del personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
«Se refirió a mi persona y a este Juzgado Federal de Río Gallegos como una de las causas que según se dijo habían generado este terrible desequilibrio, descalabro, se habló de maniobras y connivencia«, lamentó la jueza federal subrogante.
Álvarez argumentó: «No puedo tolerar semejante manifestación a las cuales califico como una absoluta mentira”. “O es por desconocimiento o están mal informados”, evaluó la magistrada a la agencia DyN. “Y si fuese así, es de absoluta gravedad que de parte de un jefe de Gabinete o un ministro de Economía se acuse al Poder Judicial de la Nación o puntualmente a mi persona o juzgado de semejante barbaridad», expresó.
Horas atrás, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, acusó a la jueza de participar de la supuesta “industria del juicio” que denunció ante los medios junto al ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
Durante la explicación sobre el “descalabro” que padecen los gendarmes y prefectos en torno a sus salarios, Abal Medina afirmó que, en el caso de los juicios de reajuste iniciados por oficiales de la Prefectura Naval, «el 63 por ciento se hallan tramitados en único juzgado de Río Gallegos«.
«Está a cargo de ese juzgado Ana Álvarez, que está casada y es nuera con un integrante de las Fuerzas. Esta jueza el mes pasado fue denunciada por organismos de derechos humanos por aplicar leyes de la Dictadura y no de la democracia», acusó Abal Medina.
«Las cautelares fueron otorgadas por jueces civiles y comerciales, que son incompetentes. Notificaban la cautelar e inmediatamente se declaraban incompetentes. Las cautelares iban por autopista y el levantamiento iba por caminos de tierra», prosiguió el funcionario.
Vínculo con represores. La magistrada -que investigó al expresidente Néstor Kirchner por la presunta cesión de tierras fiscales en El Calafate- fue denunciada en septiembre por organismos de Derechos Humanos por sus vínculos con oficiales acusados de participar de la represión en la última dictadura militar, y por utilizar en sus fallos normativa de aquellos años, lo que es interpretado por estas agrupaciones como “connivencia con el pensamiento de los genocidas”.
En esa oportunidad, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) precisaron que Álvarez de “es esposa del comodoro Fernando Estrella y nuera del vicecomodoro (RE) Luis Estrella, quien actualmente está detenido por delitos de lesa humanidad, está siendo juzgado por el asesinato de los curas tercermundistas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, en La Rioja, y es uno de los imputados en la causa que investiga el asesinato del obispo Enrique Angelelli”.
Sin embargo, alguna vez fue una aliada del kirchnerismo en Santa Cruz. En 2010, investigó al gobernador Daniel Peralta luego de que la Corte Suprema lo denunciara por incumplir un fallo en el que se le ordenó restituir en su cargo al exprocurador Eduardo Sosa, echado por Néstor Kirchner en 1995. En poco tiempo, Álvarez sobreseyó a Peralta.
También tuvo en sus manos una causa contra Roberto Bendini, exjefe del Ejército durante el gobierno de Kirchner, a quien procesó por supuestamente haber «sustraído caudales públicos» que estaban bajo su custodia cuando comandaba la Brigada Mecanizada XI de Santa Cruz.
