La Cámara Federal ad hoc fijó un plazo de 60 días al juez federal Ariel Lijo para que adopte medidas para avanzar en la investigación que tiene en la mira al ex ministro del Interior menemista Carlos Corach, entre muchos otros, en el marco de la causa por el presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA.

Es una causa que lleva más de una década y en donde un tramo tiene ya en instancia de juicio al ex presidente Carlos Menem y al ex jefe de la SIDE Jorge Anzorreguy, entre muchos otros.

Pero una gran parte de la causa está en poder de Lijo. La querella a cargo de Memoria Activa denunció ante la Sala I de la Cámara ad hoc, compuesta por Carlos González y Jorge Rimondi, que hubo retardo de Justicia porque hace seis meses que el magistrado no adopta ningún tipo de medida.

En la causa a su cargo, resta que Lijo defina la situación del ex ministro Corach, del abogado Carlos Velazco; y de entonces secretarios del juez Juan José Galeano, entre ellos Velasco, Susana Spina, Javier de Gamas y José Pereyra.

También el juez Lijo debe resolver la situación del entonces abogado y actual titular de la Cámara de Casación Penal bonaerense Federico Domínguez, quien defendió a uno de los ex policías bonaerenses acusados del atentado y en ese contexto se lo acusa de haber sugerido a su defendido admitir haber visto la camioneta Traffic supuestamente usada en el ataque como cochebomba estacionada en una comisaría bonaerense.

Ante la denuncia por retardo de Justicia, la Cámara consideró que «se advierte notoria inactividad» en ese tramo de la investigación, y aclaró que «la carencia de propuestas específicas no puede recaer en la parte querellante».

Otro tramo de la causa sobre encubrimiento está en instancia de juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 2, que además debe juzgar la otra causa a su cargo por el pago de 400 mil pesos que recibió Carlos Telleldín para inculpar a policías bonaerenses en el caso.