El personal portuario agrupado en los Sindicatos Argentino de Obreros Navales (SAON) y Obreros de la Industria Naval (SOIN) reclamaron que cesen «los permisos de importación de buques usados en la hidrovía Paraná-Paraguay, en el ámbito del cabotaje o la pesca nacional».

«Estamos convencidos que con la decisión política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la tenacidad de este sector industrial pueden adoptarse medidas que frenen las chatarras importadas desde los países centrales, que exportan su desocupación en desmedro de la industria nacional y del mercado interno, todo lo cual generaría las condiciones para el valor agregado y la ocupación de miles de trabajadores», puntualizaron.

Indicaron que el dictado del decreto 1.010 del 6 de agosto de 2004 y su modificatoria (1.022/06) inició el camino para recuperar la industria naval y la marina mercante nacional y señalaron que esos instrumentos fueron concurrentes con «la política de recuperación de la industria» de la actividad.

«Esa decisión política apuntó a quebrar el régimen desindustrialista del modelo neoliberal que generó tantos estragos perversos para los trabajadores. Los gremios se pusieron entonces a mancomunar esfuerzos con el sector empresario y los Estados nacional y provincial para capacitar al personal técnico y profesional, todo lo cual generó la recuperación», añadieron.

Los sindicatos recordaron que junto con el Ministerio de Trabajo de la Nación fueron capacitados más de 1.000 trabajadores con oficios; se recuperaron talleres navales y plantas productivas; se lograron inversiones empresarias con la incorporación de maquinarias y tecnología de avanzada y se construyeron astilleros en el litoral fluvial y marítimo, lo que significó una inversión de más de 200 millones de dólares.

«Estas son demostraciones más que contundentes de la fe, la esperanza y el compromiso de la industria naval argentina al servicio del proyecto nacional. Es preciso ahora generar un ámbito de discusión para poder plantear las necesidades sectoriales. Denunciamos a quienes, con el pretexto del costo argentino, no dudan en traer al país chatarras usadas y poner banderas de conveniencia a los barcos que navegan nuestros ríos», indicaron.

En ese sentido, recordaron que son «los mismos que se beneficiaron en la nefasta década del 90 con los decretos 1.772, 343 y 817 del modelo liberal. Es preciso fomentar la industria, el comercio y la navegación y arrancar de las manos extranjeras los medios con los que se adueñan de las riquezas argentinas en perjuicio general de la Nación».

Agregaron que todavía continúa operándose con unidades de 25 o 30 años, «lo que pone en serio riesgo la vida de los tripulantes y la contaminación de las aguas», a la vez que reclamaron que cesen las demoras y se implemente «la reconversión de las flotas costeras, como lo solicitaron los gremios y los empresarios».

Las organizaciones también demandaron que se implemente en las unidades extranjeras de cabotaje que transportan productos químicos e hidrocarburos lo establecido por «la resolución Marpol, que obliga a usar doble casco con fecha de vencimiento concreta».

Los gremios indicaron que los buques deben construirse en astilleros nacionales o, indefectiblemente, ingresarán al país unidades extranjeras obsoletas, en tanto señalaron que esta situación no puede continuar ante «la magnitud de la crisis internacional desatada por la especulación financiera».

«Toda Nación que deje de hacer por otra una navegación que podría hacer ella misma, compromete su soberanía y lesiona gravemente la economía de sus habitantes», concluyeron los gremios, parafraseando al general Manuel Belgrano.

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