Los empleados no estaban registrados y percibían «cifras notoriamente inferiores al salario mínimo». El procedimiento fue realizado en el barrio porteño de Mataderos.
Un taller textil clandestino que confeccionaba prendas para las reconocidas marcas de indumentaria Vitamina y Ayres fue clausurado por la emplear personal sin registrar durante extensas jornadas.
Así lo informó este jueves la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en un comunicado en el que precisó que los trabajadores percibían «cifras notoriamente inferiores al salario mínimo».
Como resultado de las tareas de inspección pudo establecerse que el titular del establecimiento en el que funcionaban ocho máquinas de coser, dos equipos de corte y una plancha manual que denotan una marcada actividad de confección destinadas a proveer a estas reconocidas firmas, no está registrado ante la AFIP y realiza toda su actividad comercial de forma ilegal.
El procedimiento fue realizado en el barrio porteño de Mataderos, donde personal de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social relevó a dos personas que trabajaban durante 12 horas a lo largo de 6 días a la semana.
Por esas jornada de trabajo, los operarios recibían como toda paga la suma de 2.000 pesos mensuales «en negro» y sin recibir los correspondientes aportes y contribuciones a la seguridad social, se informó.
Se estima que las marcas mencionadas abonan a este tipo de talleres sólo el 8 por ciento del valor final de las prendas, siendo de 175 pesos el precio por unidad que paga la firma mientras que luego comercializa la ropa al público por valores cercanos a los 2.300 pesos.
Sin perjuicio de la responsabilidad directa del titular del taller por los incumplimientos detectados, AFIP resaltó que a los titulares de las marcas que contrataron o subcontrataron con el mencionado taller la confección de las prendas que luego venden al público los convierte en responsables solidarios.
Los delitos denunciados se encuentran tipificados en los artículos 140 y 145 bis del Código Penal, en ambos casos se trata de penas privativas de libertad cuyo mínimo legal supera los 3 años, razón por la cual no podría dejarse en suspenso el cumplimiento de la pena.
A raíz de estas las irregularidades constatadas se dio intervención en la causa al Juzgado Penal Económico Nro. 3, Secretaría Nro. 5 a cargo del Dr. Rafael Caputo.
