Empleados del ex patronato de liberados realizan un cese de tareas desde julio en reclamo de que su trabajo sea pagado. Desde entonces, violadores y otros delincuentes circulan sin supervisión.
Violadores, militares con prisión domiciliaria y condenados con el beneficio de libertad condicional son apenas algunos de los delincuentes que no son controlados hace al menos dos meses por el paro que realizan los trabajadores del ex patronato de liberados.
«Somos los responsables de la supervisión y tratamiento de personas con causas penales que gozan de distintos beneficios como libertades condicionales, asistidas, arrestos domiciliarios, supervisión de los detenidos por delitos de lesa humanidad, probation, excarcelaciones, condenas de ejecución condicional, y la supervisión de los delitos contra la integridad sexual. Pero estamos de paro porque no cobramos nuestros sueldos«, señalaron a través de un comunicado.
Hasta hace poco, su trabajo era no remunerado. Pero la sanción el año pasado de la Ley 27.080 para la creación de la Dirección de Control y Asistencia de la Ejecución Penal dispuso que esa tarea debía ser remunerada. Hasta el momento, sin embargo, no cobraron ni un solo haber.
Los 98 trabajadores afectados marchan este mediodía a los tribunales de Comodoro Py para reclamar su regularización junto al gremio Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) que encabeza el moyanista Julio Piumato. «Mientras se financian campañas electorales millonarias que usan en sus propuestas el tema de la inseguridad y prometen respuestas a esos problemas, los profesionales que debemos supervisar a miles de condenados no podemos trabajar», señalaron los manifestantes.
Los funcionarios responsables se pasan la pelota sin dar respuestas. Aunque técnicamente la dependencia está a cargo de la Cámara Federal de Casación Penal y el Poder Judicial de la Nación, los funcionarios alegan que «el presupuesto pedido para la puesta en marcha de esta Dirección de Ejecución Penal está trabado en el Ministerio de Economía de la Nación, a pesar de que la Ley 27.080 prevé que el jefe de Gabinete de Ministros realice la readecuación presupuestaria correspondiente para que garantice nuestra fuente de trabajo».
«Es la presidente de la Cámara Federal (Ana María Figueroa) quien dijo haberse puesto al hombro desde enero de este año las gestiones de la reglamentación de esta ley. Pero no cumple los plazos ni las promesas«, cuestionaron a través del comunicado repartido a la puerta de Comodoro Py.
