Juan Bernardi ya había sido denunciado en 2014 por protagonizar fiestas privadas en las que participaban también menores de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad.
El ex juez había sido destituido en septiembre. La justicia lo acusa de «promoción de corrupción de menores». En la misma causa, un ex empleado suyo, Julio César Antuque, también fue encontrado culpable y sentenciado a 12 años por su rol de «facilitador de corrupción de menores» y «facilitación de la prostitución».
Basados en testimonios de jóvenes y allegados a las víctimas, el tribunal integrado por los jueces Ariel Galinger, Carlos Mussi e Ignacio Gandolfi condenó a Bernardi por «acciones consistentes en favorecer o determinar a una menor de 18 años a una situación de corrupción».
Los abogados lograron acreditar que menores de entre 13 y 20 años de edad, de sectores vulnerables socioeconómicamente hablando, eran sometidas sexualmente en las fiestas por personas que las duplicaban o hasta triplicaban en edad a cambio de dinero, drogas y otros bienes.
