El jueves 26 de agosto del 2021, familiares de víctimas del boliche Cromañón y el taller Luis Viale reclamaron frente a la Legislatura Porteña por los espacios para la memoria.
La justicia social no es la justicia judicial donde los acusados no fueron todos juzgados y condenados, ambas tragedias pudieron evitarse, pero la corrupción y la impunidad, más el silencio de una gran parte de la sociedad, especialmente de los «medios de prensa» que suelen o solían realizar investigaciones periodísticas dejaron correr como naturales hechos que parecían habituales.
Los centros de la memoria son parte de la justicia social, de lo que no se debe olvidar y lo que no se debe consentir, en una sociedad sana y ajustada a derecho.
Está en los políticos de turno marcar la diferencia, en dejar sentado que no se olvidan las víctimas ni el dolor de sus familiares y amigos, deben ser un faro al respeto de la Constitución Nacional, un recuerdo de que el Preámbulo de la Constitución Argentina extiende los derechos y garantías a todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino.
La Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la ONU el 18 de diciembre de 1990, ratificada por la Argentina por ley 26.202 (B.O. 17/1/2007), reconoce en términos absolutos en el ámbito de los derechos civiles: el derecho a la vida, la no injerencia arbitraria e ilegal en la vida privada, la no privación arbitraria de bienes, derechos vinculados a la libertad y seguridad personales, derecho a un tratamiento digno, igual derecho de los trabajadores migrantes y sus familias que los trabajadores nacionales para el acceso a la justicia, derecho a un procedimiento justo y a una indemnización, derecho a los hijos de los trabajadores migrantes de tener un nombre y una nacionalidad, y acceso a la educación, respeto a la identidad cultural y derecho a la información. Sin embargo en otras disposiciones aparece un reconocimiento diferenciado según que el trabajador migrante se encuentre en condiciones de regularidad o irregularidad, privando al irregular del goce de derechos humanos que deberían reconocerse independientemente de su situación de revista
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
