Es una iniciativa de María Rachid y Jorge “Quito” Aragón, del Frente para la Victoria. Si los dueños de las propiedades se oponen, se aplicaría un 300 por ciento de aumento en la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).
“Es una iniciativa que establece un régimen de alquileres que garantice a los sectores más vulnerados y a la clase media el pleno ejercicio de su derechos de acceso a la vivienda”, explicó Rachid.
Según la iniciativa, “el inmueble desocupado es contrario al interés social y es pasible de una tributación especial de los propietarios, como medida para promover la locación y para atender las necesidades sociales en la materia”.
“A los fines de la presente ley, se considera que un inmueble es ocioso cuando permanezca deshabitado por un plazo mayor a seis meses consecutivos o que pertenezca a una persona que posea más de un inmueble”, dice el proyecto.
También se considerarán inmuebles ociosos “los que no posean ningún contrato de locación vigente, ni puedan demostrar el uso del inmueble o no tengan causa justificada para su desocupación”.
“Los inmuebles comprendidos en el artículo 52, es decir los ociosos, deben abonar el 300% del Impuesto Inmobiliario y de la tasa de Alumbrado Barrido y Limpieza”, se establece en la iniciativa.
Para probar la ociosidad de una casa “se deberá tener en cuenta que los consumos o promedios de consumo de servicios de electricidad, gas natural y agua no se condigan con el uso de la propiedad en función de su tamaño, capacidad de habitantes y la ubicación geográfica”, entre otros.
“Las empresas prestadoras de servicios públicos quedan designadas como agentes de información, a los fines de advertir la posible existencia de inmuebles ociosos”, indica la propuesta.
