La justicia condenó a la Prefectura Nacional a indemnizar con $1.370.00 más intereses y U$D 3200 a una mujer a quien uno de sus efectivos le causó la pérdida de un ojo, tras dispararle con postas de goma en la madrugada del 15 de septiembre de 2012 en la Villa Zavaleta, ubicada al sur de la Ciudad de Buenos Aires.

En el expediente judicial se relata que entre las 6 y las 7 de la mañana del 15 de setiembre de 2012, en la manzana 19, casa 16 de ese asentamiento, el entonces cabo de la Prefectura Alberto Cohene se trenzó en una acalorada discusión con un grupo de personas que salían del local bailable “Coky«. El altercado subió de tono hasta que el uniformado disparó postas de goma que causaron lesiones en el rostro y el cuerpo de Estefanía Magalí González, quien terminaría perdiendo la visión del ojo izquierdo por los proyectiles recibidos.

En primera instancia, considerando también que Cohene fue condenado penalmente por las lesiones, la justicia dispuso indemnizar a González por todo concepto hasta alcanzar la suma de $1.145.000.

La víctima apeló porque estimó que la cifra era baja para paliar los perjuicios estéticos sufridos y la disminución de su capacidad laboral. Por otra parte, González repudió que se pesificara el monto de su operación ocular, puesto que el perito médico advirtió que se cobraría en dólares.

Los jueces Eduardo Gottardi, Florencia Nallar y Alfredo Gusman, integrantes de la Sala II, recibieron el expediente y analizaron el fallo de primera instancia.

Comenzaron por revisar la disminución física y psíquica resultante de los disparos, teniendo en cuenta que por entonces González tenía 19 años, dos hijos, un nivel educativo medio y se desempeñaba como empleada doméstica. La pericia médica concluyó que las heridas del ojo imponían una intervención quirúrgica,  pero que mientras no se llevara a cabo, la mujer sufriría fuertes dolores. La afectación estética por el ojo perdido le causó retraimiento y un cuadro de depresión medio. En resumen, el daño físico indemnizarla se calculó en un 35%, el estético en un 55% y el psicológico, en 20%. El resarcimiento por esta incapacidad sobreviniente se fijó en $800.000.

El perito médico informó que la mujer necesitaba un implante ocular, operación valuada en dólares, que en primera instancia pretendió cubrirse con $400.000. Sin embargo, el experto calculó que la prótesis costaría aproximadamente $90.000 y que la intervención en el ámbito privado rondaría los U$D3.000.

Los camaristas impusieron a la Prefectura el pago de $90.000 por la prótesis y U$D 3.400 para solventar el implante, convertidos a pesos según la cotización del dólar MEP el día de la cancelación.

Los jueces coincidieron en la angustia, el dolor y la afectación que puede producir en una persona el hecho de terminar una salida con amigos con el rostro baleado, el ojo perdido y secuelas psíquicas. Por eso elevaron de 100 a $200.000 la indemnización por daño moral.

El tratamiento psicológico necesario para superar el hecho, no debería ser menor a un año, según el perito consultado en 2018. Los jueces, si bien nadie estimó cuántas sesiones semanales harían falta, tuvieron en cuenta la depreciación de la moneda y ordenaron que la Prefectura pagara por este rubro $280.000.