La persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández es una muestra evidente de que el Lawfare está más vivo que nunca en nuestro país

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ve con suma preocupación el avance de la persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque deja en evidencia que el Lawfare en nuestro país está más vivo que nunca. 

Desde el inicio de la nueva gestión, en diciembre de 2019, la Secretaría de Derechos Humanos viene advirtiendo que el lawfare o «guerra jurídica» constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública. Como organismo público a cargo de la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas de alcance nacional para garantizar la vigencia de los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado argentino en la materia, la Secretaría de Derechos Humanos tiene la responsabilidad de investigar, analizar y dar a conocer los actos en los cuales las autoridades estatales pueden ser responsables de vulnerar derechos. La práctica del Lawfare, impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático es un claro ejemplo en ese sentido. 

El Lawfare es una práctica violatoria de derechos humanos, en primer lugar, en tanto avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de su accionar (dirigentes políticos/as, ex funcionarios/as públicos/as y referentes de organizaciones sociales y sindicales). En segundo lugar, porque habilita el diseño e implementación de políticas públicas con un claro sesgo regresivo en materia de derechos humanos (especialmente del conjunto de derechos económicos, sociales y culturales), que tienen profundo impacto en la sociedad como conjunto.

En este sentido, es claro que en estas causas judiciales, como las que enfrenta la ex presidenta, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal, por ejemplo. Además, es palmario que estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población. 

El Lawfare es una práctica antirrepublicana. Por eso, lejos de inmiscuirnos en asuntos del Poder Judicial, como Secretaría de Derechos Humanos hacemos un llamamiento a favor de la independencia judicial y la democracia. La Secretaría de Derechos Humanos lamenta profundamente que esta situación esté siendo avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, como máxima autoridad de un poder del Estado, debería intervenir para restablecer la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho en nuestro país. 

Por este motivo, seguiremos dialogando con los organismos internacionales de protección de derechos humanos, mantendremos una invitación abierta para que realicen un escrutinio exhaustivo sobre estos procesos judiciales irregulares, y continuaremos utilizando todas las instancias disponibles, aportando toda la información necesaria.

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