El Juez federal José Antonio Charlín fue denunciado por maltratos y acoso laboral por parte de un grupo de empleados y funcionarios.
El caso del Juez federal José Antonio Charlín escandaliza a La Pampa y a todo el ámbito de la Justicia, luego de que un grupo de empleados y funcionarios lo denunciara por maltratos y acoso laboral, que incluyó un incidente con un arma en detrimento de una secretaria.
En total son 12 los denunciantes y la Cámara Federal de Bahía Blanca designó al juez Santiago Ulpiano Martínez para que instruya la causa penal contra el acusado. El expediente fue impulsado por el Fiscal federal subrogante Juan José Baric, luego de recibir durante el fin de semana una serie de testimonios relatando maltratos, insultos, persecuciones, amenazas y presiones por parte de Charlín.
Baric pidió su «urgente» suspensión en el cargo y notificó de su resolución a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y al secretario general de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Julio Piumatto, entre otros.
Como Charlín, en calidad de juez subrogante de La Pampa, quedó a cargo del tribunal en reemplazo transitorio del titular, Pedro Vicente Zabala, la novedad recién se dio a conocer el miércoles.
El sitio Infojus Noticias, la agencia nacional de noticias jurídicas, reflejó algunos de los testimonios/hechos.
• «El juez le pidió a su custodio el arma reglamentaria que portaba. La sujetó, se puso en posición de tiro: ‘decile a ésa que venga que le doy entre las cejas’, amenazó. No es ficción sino el testimonio de Alicia Traverso, prosecretaria administrativa del juzgado federal de primera instancia de Santa Rosa, La Pampa. El juez es José Antonio Charlín, designado como subrogante para ese tribunal, y ‘ésa’ es la secretaria privada Adriana Bauman».
• En la denuncia contra Charlín figura que el juez le habría dicho a un comisario de la Policía Federal: «¿cómo la podemos hacer desaparecer?», en alusión a Traverso. Y agregó que quería «cagarla de un tiro». También trató de «yegua de mierda» a la esposa de Zabala y refiriéndose a éste prometió que «en un mes y medio va a ser tal la presión que va a presentar la renuncia».
• A su secretaria privada, Adriana Bauman, la tomó del cuello por la espalda y con el otro brazo le apoyó una trincheta cerrada en el cuello. A una médica quiso forzarla a firmar un certificado médico antes de tiempo. A una secretaria le preguntó «si todo es tuyo o tenés bisturí» y le pidió que lo acompañara a un juicio a General Roca porque allí había un magistrado que estaba «muy caliente» con ella.
• A una empleada le indicó que, en las elecciones primarias, debía votar al candidato K, Gustavo Fernández Mendía. Que en una causa de trata de personas le sugirió a un imputado, el comisario Carlos Alanís, que no declarara. Que dijo que le avisaría a la vicegobernadora, Norma Durango, que en ese caso iba a indagar al intendente de Lonquimay, Luis Rogers. Que le avisó al intendente de Toay, Ariel Rojas, que había dispuesto el allanamiento de un comercio en esa localidad.
• Otras frases de los denunciantes: «Estos 45 días de trabajo han sido insalubres e inhumanos», «a mí me causan miedo sus gritos desorbitados, sabiendo de sus ataques de extrema nerviosidad», «se van a arrepentir por no haberme valorado», «¡los voy a hacer mierda a todos!», etc.
La denuncia contiene doce testimonios, los de las secretarias Iara Silvestre (penal), Alicia Cánepa (civil) y Daniela Alnocíbar (tributaria), el prosecretario Juan José Zabala (sobrino del juez), una médica y siete empleados de distintas jerarquías.
