La justicia retiro la orden de captura contra el padre de la jueza Sarmiento

La Justicia decidió rever su decisión tras un informe médico que indicó que padece un estado de salud con un agravamiento irreversible que impide indagarlo.

La Justicia dispuso hoy la detención domiciliaria durante algunas horas del padre de la jueza María José Sarmiento -quien falló contra el decreto oficial del Fondo del Bicentenario para el uso de reservas del Banco Central- por crímenes de la última dictadura militar, ante lo cual la magistrada acusó al Gobierno nacional de estar detrás de ese arresto y de «presionarla».

Después de que se desató una fuerte polémica, en la que intervinieron Gobierno y oposición, el juez decidió rever su decisión tras un informe médico oficial que indicó que el imputado, el coronel retirado Luis Sarmiento, padece un estado de salud con un agravamiento aparentemente irreversible que impide indagarlo, según trascendió de fuentes del caso.

El militar fue ministro de Gobierno de Misiones en 1976 y 1977 (primer tramo de la última dictadura), y está acusado, con otros presuntos represores, en una causa que investiga más de 40 hechos de privación ilegal de la libertad, torturas y torturas seguidas de muerte.

Esta mañana, tras una orden del juez federal Sergio Torres por un exhorto de su colega de Misiones Ramón Claudio Chávez, que sustancia la causa, un grupo de gendarmes llegó a la casa de Sarmiento -de 84 años, con Mal de Parkinson y postrado en silla de ruedas-, en Santa Fe al 3300 del barrio porteño de Palermo, para arrestarlo.

En principio quedó con detención domiciliaria, según se informó incluso desde el propio Gobierno, pero horas después el juez misionero revirtió su decisión debido a la imposibilidad de concretar la indagatoria. El Cuerpo Médico Forense lo había revisado y concluyó que Sarmiento no podía viajar a Misiones porque sufre «una enfermedad degenerativa» en estado avanzado.

En principio voceros no descartaron que Chávez viajara a Buenos Aires para tomarle declaración en el domicilio. Pero después se supo que el magistrado había decidido dejar sin efecto las medidas, que incluía una indagatoria el próximo lunes, según fuentes allegadas al caso. De todas maneras, la polémica se desató y tras la orden inicial la jueza dijo sentirse «presionada» y vinculó el hecho al fallo que emitió en enero contra el decreto presidencial de creación del Fondo del Bicentenario.

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