El líder de la CGT oficialista está involucrado en una causa en la que se investiga lavado, pagos irregulares, evasión tributaria y administración fraudulenta. Se lo acusa de desviar $900 millones a favor de la cúpula de la UOM.
Se trata de una causa que tiene como procesado a Segundo Pantaleón Córdoba, abogado que había trabajado 26 años en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). El letrado fue descubierto el 2 de agosto de 2011, en la terminal de Buquebus, en Buenos Aires, con 800.000 dólares.
Cuando las autoridades lo retuvieron, primero afirmó que los dólares eran suyos y después intentó justificar parte de su origen con la venta de propiedades. Más tarde, sin embargo, denunciaría ante la Justicia que tenían un origen irregular, por fondos de los afiliados que todos los meses le entregaba el sindicato de los metalúrgicos, que conduce Antonio Caló desde 2002, tras la muerte de Lorenzo Miguel, un referente de poder del sector.
Córdoba querelló al presidente del Instituto de Seguros SA, Julio Raele, y al propio Caló, en su carácter de secretario General de la UOM, por considerarlos responsables de un caso de evasión tributaria.
Es que el abogado, en su declaración, aseguró además que recibía la catorceava parte del 20 por ciento de la «recaudación mensual, habitual y permanente» del Instituto de Seguros que preside Raele. El resto se repartía entre otras 13 personas, en su mayoría miembros del secretariado nacional de la UOM.
Córdoba actualmente está procesado en segunda instancia por encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. A fines de 2012, añade el diario La Nación, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico revocó su sobreseimiento y consideró que «el dinero transportado por él provenía de una defraudación cometida por los administradores de los fondos recaudados para el pago del seguro de vida y sepelio de los trabajadores metalúrgicos».
Según la presentación de Córdoba, la evasión en el reparto de fondos entre la jefatura de la UOM rondaría los 900 millones de pesos sólo en los últimos cinco años. Por eso, en el fuero penal tributario, el Fiscal Jorge Dahl Rocha le pidió al juez del caso Skanska, Javier López Biscayart, que determine si existió o no el delito de evasión entre 1990 y 2008.
El denunciante afirmó que en abril de 2003 -tras la muerte de Lorenzo Miguel– hubo un cambio en el sistema de recaudación. A partir de entonces, comenzó a cobrar bajo una nueva modalidad: 14.000 pesos en blanco, 20.000 pesos en negro y entre 17.500 y 23.500 dólares en negro, publica el matutino.
