Dos amenazas de bombas y la detención de un policía porteño por narcotráfico sacaron a la luz la crisis de la PM. El enojo con Burzaco. El papel de la Federal.
En este caso la repetición es necesaria y describe mejor que cualquier declaración oficial la situación interna que atraviesa la Policía Metropolitana (PM). La canción “Ruido” está cargada de cinismo urbano y taladra hasta la exasperación los numerosos significados que le da a la palabra ruido el songwriter andaluz Joaquín Sabina.
“Ruido de amenazas, ruidos de conjuros, ruido tan oscuro, mucho, mucho ruido, demasiado ruido”, desentona el aprendiz de cantante en el tema de su autoría. Esta letra inició una nota que este semanario publicó a fines de junio de 2006, en donde se revela el malestar que generó en la Policía Federal la decisión del por entonces jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Telerman, de autorizar a los integrantes de la Guardia Urbana a confeccionar multas de tránsito, lo que equivalía a meterse con una atribución exclusiva de los azules.
Lo que Sabina no sabe es que en la jerga policial se llama “ruido” a acciones variadas y sugestivas que generan una importante repercusión mediática y, por consiguiente, pública, que generalmente se expresan en hechos de inseguridad o en amenazas anónimas. Las características particulares de estos sucesos llevan a la inequívoca conclusión de que detrás de los mismos se encuentras los integrantes de una fuerza de seguridad.
Ésa es la manera que eligen los uniformados para manifestar su desaprobación ante determinada decisión política. Aunque el mensaje parece difuso para la mirada de un tercero, para el destinatario del mismo es más claro que el agua. Y los llamativos hechos ocurridos en las dos últimas semanas se encargaron de sacar a la luz la sinuosa interna que vive la Metropolitana, en la cual el malestar que siente un sector clave de la policía contra la autoridad política de la fuerza, en este caso el jefe de la PM, Eugenio Burzaco, se combina con la siempre latente amenaza que ejerce la Federal sobre la institución porteña.
Una semana con mucho ruido policial
Los hechos fueron tres. El primero se produjo la noche del viernes 30 de julio en un centro de reclutamiento de la Metropolitana ubicado en Emilio Mitre al 900, en el barrio de Parque Chacabuco. Un llamado anónimo alertó sobre la colocación de un artefacto explosivo que había sido dejado en la puerta de la sede policial.
Acto seguido, más exactamente a las 21.10, las autoridades del centro de reclutamiento dieron aviso de la presencia de una caja sospechosa al personal de la Comisaría 12 (la que corresponde a la zona) y a la División Explosivos de la Superintendencia de Bomberos de la Federal, quienes determinaron que se trataba de un artefacto de fabricación casera.
Se trataba de un matafuego de un kilo que tenía adosado varios cables y, tras la detonación por parte de los bomberos, se determinó que en su interior había pólvora. La gravedad del asunto fue corroborada por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien al referirse al artefacto explosivo manifestó: “Era superior a los que habitualmente se colocan en los cajeros bancarios y estamos investigando si hay un hilo conductor en los hechos, ya que por ahora nadie se adjudicó el atentado”. La causa quedó a cargo del juez federal Norberto Oyarbide y fue caratulada como “intimidación pública”.
El segundo suceso se produjo a pocos días del primero y fue de características similares. En el mediodía del martes 3 de agosto, el edificio ubicado en Corrientes 640, en donde se encuentra la Auditoría General de la Ciudad, presidida por Sandra Bergenfeld, debió ser evacuado por una amenaza de bomba.
El alerta fue recibido por una telefonista del conmutador del organismo y se centraba en los pisos 5º y 6º del inmueble, en este último se halla la oficina de Bergenfeld. Sin embargo, personal de la División Explosivos de la Federal, luego de revisar las instalaciones, comprobó que se trataba de una falsa alarma.
Igual que en el caso anterior, nadie se adjudicó el hecho. El tercer episodio se produjo el sábado 7, en una vivienda de Vicente López, que fue allanada por orden del juez federal de San Martín Rodolfo Yalj, que investiga un caso de narcotráfico.
En el lugar se secuestraron dos pistolas, dos granadas antitanques, dos granadas lacrimógenas, dinero, balanzas de precisión, 396 pastillas de éxtasis, dos kilos y medio de cocaína, nueve kilos de cannabis, cinco kilos de marihuana y treinta píldoras de anfetaminas.
El dueño de la casa era el comisionado mayor de la Policía Metropolitana, Rodrigo Simón, quien fue detenido en el procedimiento y separado preventivamente de la fuerza por las autoridades de la PM, luego de conocido el suceso.
En un escueto comunicado de prensa que se publicó el mismo sábado en el sitio oficial de la policía porteña (www.metropolitana.gob.ar) se informó: “Un oficial de la Metropolitana fue separado preventivamente de su cargo. La medida se adoptó de inmediato al conocerse el caso en el que el hijastro de un comisionado de la fuerza podría estar involucrado en un episodio delictivo. La Policía Metropolitana dispuso el apartamiento preventivo de un oficial de la fuerza, cuyo hijastro –mayor de edad– se encontraría involucrado en un hecho de índole policial. El oficial permanecerá separado de su cargo hasta tanto se sustancien todas la actuaciones judiciales correspondientes”.
Los mensajes de una interna fierrera
“Nada de lo que sucedió fue casual y eso se demuestra porque todo se produjo en sólo una semana. Dato clave, que los destinatarios reales del mensaje comprendieron a la perfección. Los hechos son producto de una creciente interna que se desarrolla en la Metropolitana y que implica a varios actores, entre los que predominan los policías porteños, los integrantes de la Federal y los funcionarios macristas que lideran la fuerza. El malestar que los cuadros superiores de la PM sienten por los jefes políticos de la institución, a los que acusan de no bancarlos y de tenerlos parados al negarles la caja presupuestaria que afirman necesitar para operar satisfactoriamente, es una realidad que nadie puede negar”, explicó ante Noticias Urbanas un importante comisario de la Metropolitana, que, amparándose en el off the record, dialogó con este medio para detallar las causas que escondían los llamativos sucesos ocurridos días atrás.
Para los conocedores del ambiente policial de la Ciudad, en el origen del conflicto se encuentran los cuatro uniformados de la PM que, luego de Burzaco, son los hombres con mayor poder real dentro de la institución y la verdadera voz de mando que respeta la tropa.
El jefe de Gobierno Mauricio Macri, a través del decreto 142/10, que firmó el miércoles 11 de febrero, ratificó a la cúpula policial nombrada por el ex jefe de la Metropolitana, el ex comisario Jorge “el Fino” Palacios, y cuyas figuras principales comandan las cuatro superintendencias que tiene la fuerza, estructuras de alta jerarquía si se toma en cuenta que por encima de ellas sólo se encuentra el jefe de la misma.
Estos comisarios generales, que también integraron la Federal, son: Miguel Ciancio (Superintendencia de Policía de Seguridad y de Policía Comunal), Carlos Kevorkian (Superintendencia de Investigaciones), Eduardo Martini (Superintendencia de Comunicaciones) y Jorge Roberto Cots (Superintendencia de Desarrollo Policial). Estos uniformados son muy cercanos a Palacios y, pese a que su ex capo está preso en el Penal de Marcos Paz, ellos siguen manteniendo contacto con él.
“Estos hombres fueron los primeros en escuchar las lamentaciones del Fino acerca de que Macri no lo había apoyado y eso motivó su renuncia. Es más, Palacios se quejó de que Mauricio tampoco lo ayudó una vez que fue detenido por la causa del espionaje porteño. O sea que el ex titular de la PM les dijo a sus laderos que actuaran con cuidado, no trabajaran a fondo en sus puestos y desconfiaran de las autoridades políticas de la policía porteña porque si saltaba alguna complicación no los iban a apoyar. Y así no puede funcionar bien ninguna fuerza de seguridad del mundo. En eso el Fino tiene razón y como prueba está el caso del jefe de la Federal, el comisario general Néstor Valleca, que pese a las denuncias de organismos de derechos humanos en su contra y a los casos de protección de burdeles cercanos al Departamento Central de Policía, el Gobierno nacional del matrimonio Kirchner lo respaldó y no lo tiró por la ventana”, señaló ante NU un comisario inspector retirado de la Federal que tiene amigos influyentes en la Metropolitana.
La verdad que ocultan las bombas y el poli narco
Un integrante de la policía porteña que trabajó en la investigación del caso del explosivo dejado en el centro de reclutamiento de Parque Chacabuco se reunió brevemente con este medio para dar a conocer la hipótesis más probable sobre lo ocurrido. “Acá hay que analizar el cuadro de situación interna que vive la PM con mucha atención para no sacar conclusiones fáciles, que encajan pero que no son reales. Los comisarios que dejó Palacios tendieron puentes con los jerarcas de la Federal para buscar una cobertura ante el desamparo político que sienten y para detener las movidas de sus colegas contra su fuerza. Para estos altos oficiales era evidente que las denuncias de la oposición porteña contra miembros de la Metropolitana eran fogoneadas por data que daban los ‘federicos’. El pacto consistía en parar las acusaciones a cambio de que los metropolitanos trabajaran a media máquina y no se metieran en las acciones de los federales. Tanto ese sector de la PM como el de la Federal que se opone a compartir la Ciudad con otra fuerza están involucrados en la amenaza de bomba, ya que los porteños buscan desestabilizar a Burzaco, y con el atentado demostraban que ellos manejan el poder real dentro de la institución. Por otro lado, los federales utilizaron el hecho para seguir hostigando a sus competidores de la Capital Federal”, manifestó el uniformado.
En el caso de la amenaza sufrida en la Auditoría, el análisis del suceso deja mal parada a la Metropolitana. “En este caso, un grupo de efectivos porteños sería autor de la movida, ya que aunque no trascendiera públicamente, la titular del organismo, Sandra Bergenfeld, estaba auditando una cantidad importante de gastos realizados por la PM, con cifras que no cerrarían, lo que implicaría un hecho de corrupción”, le detalló a este medio un político macrista con llegada a los capos de la Metropolitana.
En el caso del oficial porteño detenido por narcotráfico, al cual también se le encontró un arsenal, la versión que más pruebas contiene señala como los autores del hecho al mismo grupo mixto de policías metropolitanos y federales que habrían actuado en el hecho de Parque Chacabuco. “Un sector que mezcla a porteños y ‘federicos’ habrían provocado la caída de Rodrigo Simón haciéndole llegar el dato a la Policía Bonaerense y a la Justicia Federal, para de ese modo obtener el efecto doble que ambos bandos deseaban, volviendo a dejar en claro y de la peor manera el malestar contra los encargados macristas de la fuerza y, por el lado de los federales, reiterando una nueva acción desestabilizadora contra la poli de Macri”, le comentó a Noticias Urbanas un comisario mayor de la Federal que conoce los detalles de lo sucedido.
Una vez que la luz deja al descubierto los llamativos casos ocurridos en las dos últimas semanas, el temor se apodera del observador neutral y nadie es capaz de aventurar hasta dónde puede llegar la guerra interna que vive la Metropolitana.
Por Antonio Lizzano Fuente:Noticias Urbanas
