Mónica Pinto y otros funcionarios a cargo de esa casa de estudios están dentro de una investigación abierta por el fiscal federal Federico Delgado por “administración fraudulenta”.
El fiscal federal Federico Delgado solicitó informes para determinar si la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Mónica Pinto, y otros funcionarios de esa casa de altos estudios, cometieron irregularidades mediante el manejo de fondos que «administrarían de forma fraudulenta y para beneficio propio» tal como lo alertó una denuncia anónima.
Ante la posibilidad de estar «frente a la comisión de un delito de acción pública» el representante del ministerio público solicitó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi los informes mediante un dictamen de escasas dos carillas.
Entre las constancias que Delgado reclama figura «copia de todos los actos administrativos vinculados a todos los espacios comerciales que posee la Facultad de Derecho «.
Ese pedido obedece a que la denuncia señalaba que se «administrarían de forma fraudulenta y para beneficio propio, varios de los negocios que se encuentran dentro de la facultad, tales como bares, kioscos, puestos de golosinas y fotocopiadoras».
Luego pidió que «se ordene una pericia jurídico-contable, a efectos de verificar: si existen trámites de licitación y cuál es su estado; la legalidad de las relaciones laborales implicadas en cada uno de los espacios comerciales; si se verifican las condiciones impuestas en los permisos precarios y/o concesiones y/o licitaciones».
