Propone aumentar las penas para los funcionarios y castigar a las empresas involucradas. El proyecto de la oposición y el respaldo del oficialismo.
«Hay que dejar de robar por dos años», proponía Luis Barrionuevo en los albores del menemismo. La consigna no parece haber tenido mucha repercusión, considerados todos los escándalos de corrupción ocurridos en los últimos años. Pero un grupo de diputados opositores y oficialistas ahora levantan el reclamo y presentarán un proyecto de ley que modifica el código penal para castigar con mayores penas los casos de corrupción, tanto a los funcionarios como a las empresas involucrados.
El proyecto, conocido como «ley penal anticorrupción», se debatirá esta semana en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia de la Cámara de Diputados. La iniciativa se basa en un proyecto del presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, y legisladores de la oposición y del oficialismo avanzan en la elaboración de un dictamen común.
La nueva ley tiene propone que las empresas, como «personas jurídicas», reciban una sanción penal y económica si participan en casos de corrupción. Los castigos incluyen la suspensión temporal o permanente de la personería jurídica y la aplicación de multas, proporcionales a las ganancias que las empresas implicadas hayan obtenido en un año.
También se elevarán las penas para los funcionarios corruptos, que dependerán del cargo que ocupe el imputado y el daño que provoque su delito. Si el culpable es intendente, legislador nacional, ministro o presidente de la Nación, la pena puede ir de 4 a 15 años de prisión. De esta forma, el delito de corrupción dejaría de ser excarcelable, como lo es en la actualidad (las penas vigentes van de uno a ocho años). También se ampliará el castigo para los jueces corruptos: pasará de 4 a 12 años. Y la pena se agravará aún más si el caso de corrupción afecta un servicio público esencial.
El proyecto también introduce la figura del «arrepentido», cuyo caso será tratado con mayor benevolencia siempre y cuando el delito que cometió sea menos grave que el que denuncie. Además, la ley habilitará a que se decomisen los bienes con los que se beneficiaron los acusados (tanto funcionarios públicos como empresa), aún sin condena firme de los acusados.
«Con este proyecto de ley, estamos cumpliendo con un largo reclamo social de poner fin a los llamados delitos del poder, que es la corrupción», dijo el autor del proyecto, Juan Carlos Vega, al diario La Nación . El diputado nacional ya cuenta con el apoyo de sus pares Ricardo Gil Lavedra (UCR), Federico Pinedo (PRO) y los kirchneristas Alejandro Rossi y Oscar Albrieu.
Los legisladores ya elaboraron un borrador de dictamen de consenso. Gil Lavedra anticipó a La Nación que firmará el despacho pero con disidencias respecto al agravamiento de las penas y la figura del decomiso. Por su parte, el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, confirmó el apoyo del oficialismo.
Según el matutino, la Casa Rosada pidió que, en el mismo trámite, la oposición apoye un proyecto para reformar la ley penal triburaria y el código penal, para avanzar en la lucha contra la evasión fiscal, algo a lo que Vega ya habría accedido.
