El intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren, luego de no responder el traslado de la presentación al amparo, un acto irregular que demuestra la irresponsabilidad de quien conduce el municipio, notificado de la medida, salió a intentar refutar la sentencia interlocutoria, con argumentos ridículos y poco legales, pero repetidos textualmente por algunos medios locales con la finalidad de influir en el ánimo de los vecinos, jugando a la víctima y denunciando un hecho político.
La función del periodismo es informar, buscar la verdad y por sobre todo, poder fundamentar las opiniones, pero siempre poniendo a disposición de los lectores y seguidores los documentos para que cada uno saque sus propias conclusiones, algo que en Pinamar los periodistas omiten subestimanda la inteligencia de los vecinos y de paso quedar bien con el que paga la pauta y da acceso a negocios.
La cautelar del Juez Félix Adrián Ferrán respecto al amparo presentado por Julián Martínez Carignano, tuvo leyendo el expediente, el tratamiento correcto de una medida extraordinaria como son las amparos donde se solicitan medidas cautelares, que no son permanentes ni resuelven la cuestión de fondo, incluso muchas veces ni siquiera requieren ser resueltas por el juzgado competente, esto lo sabe hasta un estudiante de derecho, por eso es indignante el nivel de obsecuencia de seudo periodistas como Edgardo Paso y Diego Uribe, que le pusieron la cara y voz a las operaciones mediáticas para descalificar el fallo y para incomodar al Juez con adjetivaciones que n algunos casos podrían encuadrar en calumnias e injurias como cuando Paso acusa al Juez de inventar Leyes, así de irresponsables son y poco profesionales cuando no tienen la capacidad de fundar lo que dicen, todo lo actuado está disponible y estos impresentables no lo han puesto a disposición de los lectores-
La apelación
La representación del municipio es llevada adelante por el abogado Ignacio Aguirregabiría, Tomo VI, Folio 160 del Colegio de Abogados de Dolores, quien se presenta como asesor letrado y apoderado del Municipio de Pinamar, CUIT: 20-32258023-2, un funcionario que desde la gestión del ex intendente Martín Yeza, ha tenido un rol de regular a malo, recibiendo observaciones y pedido de sanciones por parte del Honorable Tribunal de Cuentas. En el expediente fija domicilio legal en Dolores aunque vive en Tres Arroyos.
Aduce el abogado violación al debido proceso, falta de análisis de la legitimación activa y pasiva, prohibición redundante de conductas ya tipificadas como ilícitas, inseguridad jurídica, exceso jurisdiccional haciendo reserva de caso federal.
Es más que evidente que el abogado Aguirregabiría tiene mal aprendidos conceptos básicos del Derecho Constitucional, cuando plantea como agravio el exceso jurisdiccional , porque parecería que omite o finge desconocer los reclamos de medidas que desde hace años se le reclama al municipio porque los accidentes no son nuevos y en este punto ni el ejecutivo local ni el legislativo han trabajado para llevar adelante las medidas que ahora Ibarguren dice serían la solución, que son sencillas, control y sanciones. lo dice, pero en más de 2 años de gestión no hicieron nada inteligente, eso sí, varios que pasaron por el HCD y ahora se quejan de la medida judicial sí se ocuparon de generar negocios con el turismo.
Es el Poder Judicial el responsable de llevar certeza cuando existen incertidumbres respecto a quién le corresponde actuar cuando hay en riesgo la salud y la vida de los ciudadanos, independientemente de la conducta reprochable o no de los involucrados, en esto ha sido el propio municipio con sus declaraciones públicas quien instala la incertidumbre y no la justicia, a tal punto fueron negligentes que nunca supieron explicar a quién o quienes pertenecen los terrenos en conflicto.
Lo redundante es algo habitual en esta gestión, que creen que ciertos conceptos y los repiten se pueden imponer como una nueva fuente del derecho, nada más alejado de la realidad y que debería preocupar a los vecinos que el representante legal del municipio tenga tantos argumentos falaces en una presentación que además de ridícula y temeraria tiene un costo económico. La medida judicial no instala la prohibición de algo nuevo, sino que ante la inacción del municipio al que le recuerda sus obligaciones de ejercer el control y el poder de policía incumplidas se prohíben algunas actividades peligrosas en la zona determinada, no en todo el municipio como pretenden hacerle creer a los vecinos que esto perjudica a los vecinos de Pinamar, una mentira ridícula y que carece de fundamento. En lo personal, el Juez hasta ha sido generoso en este punto, ya que debería haber extraído testimonios de la inacción denunciada del municipio y que se investigue la comisión de delitos de acción pública.
Aceptación de la apelación, aparición de tercero interesado y audiencia con las partes
Voy a ser sintético ya que en la nota van a encontrar lo que existe en el expediente para que cada lector saque sus conclusiones pero principalmente para que sepan, porque eso no se los van a decir los medios locales, que cualquier vecino de Pinamar va a poder participar del proceso presentándose en un plazo de 15 días para hacer valer sus derechos si considera que este proceso le es común, una medida excelente de parte del magistrado que abre la causa al considerar que lo que se protegen son derechos colectivos de primer orden.
El Juez acepto la apelación haciendo algunas observaciones formales que el abogado del municipio omitió y además ordeno algunas medidas de prueba y notificación que corren por cuenta del municipio, la más relevante la identificación y notificación del proceso y audiencia a los titulares registrables de los terrenos La Frontera y La Olla.
Y si algo le faltaba a este proceso mediático es la aparición de la figura del tercero interesado, en la persona del abogado Javier Fernando Signetti, Abogado, T° V F° 88 C.A.T.L., con domicilio real en Barrio Las Carretas N° 21 de la ciudad de Carlos Casares, Provincia de Buenos
Aires.
Que vengo por derecho propio, en mi carácter de tercero interesado, como turista
frecuente del Partido de Pinamar y usuario habitual de su zona costera, a presentarme en
tiempo y forma en los presentes autos a fin de solicitar Aclaratoria de la resolución
cautelar dictada.
En este punto hay que aclarar que el intendente Juan Manuel Ibarguren y los que repiten sus argumentos, insisten en descalificar la cautelar aduciendo que se hace política, nada más gracioso que un política denostando la política, pero acá viene lo más gracioso, el tercero interesado no es un simple turista, se trata de un militante del PRO y Cambiemos, que incluso fue candidato a primer concejal.
Vecinos de Pinamar, lectores y seguidores, lean y consulten las dudas, no se dejan subestimar por políticos y personajes que solo defienden negocios, que mienten, que no son sinceros, no se trata solo de que se perjudican negocios «legales», año a año, los lugares turísticos enfrentan un crecimiento complejo de violencia por exceso de bebidas y drogas, la venta de drogas es el negocio más lucrativo de los partidos costeros, esto no es nuevo, ocurre desde los 90. Curiosamente las estadísticas judiciales y policiales han ido a la baja. Pero ese es tema de otro artículo donde los apellidos se van a repetir.
Al circo mediático contra el Juez, se han sumado algunos personajes bizarros como el diputado provincial Agustín Romo que accedió a la política por vínculo político, es sobrino nieto de Ramón «Palito» Ortega y es justamente el apellido que ha suprimido ya que su filiación completa es Agustín Romo Ortega. oriundo de Bella Vista y San Miguel provincia de Buenos Aires, intentó cursar abogacía en la UBA, pero abandonó la misma y solo se puede decir que tiene el secundario completo, quizás por eso su aporte a este debate se limitó a llamar al juez, boludo. Ese es el nivel de los políticos que apoyan a Ibarguren.
Es llamativo el silencio del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Dolores, que a diferencia de otros colegios y asociaciones suelen apoyar a los magistrados cuando son objeto de agravios infundados o aprietes encubiertos de los políticos, el colegio está presidido por el Dr. Santiago Cremonte ( Juez y presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial).
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
Medidas ordenadas al municipio, audiencia de partes
