Cátedra Abierta “Plan Fénix”-
Facultad de Ciencias Económicas-Universidad de Buenos Aires
El Gobierno argentino se encuentra actualmente abocado a una compleja negociación con
el Fondo Monetario Internacional a fin de reestructurar el préstamo otorgado en 2018, por
un valor cercano a los 44.000 millones de dólares, que comporta un plazo de repago
inviable.
No hay dudas de que el “acuerdo” firmado en el 2018 entre nuestro país y el FMI, al igual
que el endeudamiento que de éste se deriva, abunda en anomalías. Fue concebido,
negociado y firmado en un tiempo record. Ambas partes ignoraron las duras y duraderas
implicancias que conllevaría en materia política, económica y social, para un país que sufría
las consecuencias de una crisis autoinfligida por un gobierno tan irresponsable e
insostenible, como la propia deuda que estaba contrayendo.
El acuerdo con el Fondo devino de circunstancias muy particulares, e incluso pesaron sobre
él sospechas (posteriormente confirmadas) de preferencia política hacia el gobierno que lo
firmó. Es, por lo tanto, un acuerdo políticamente cuestionable y, en ese sentido, el Directorio
del FMI que lo aprobó —con la visible presión del gobierno estadounidense de aquel
entonces— es corresponsable.
El Directorio del Fondo ha contravenido, asimismo, disposiciones de su Convenio
Constitutivo y de su reglamento interno al autorizar un financiamiento extraordinario que no
cumplía las condiciones allí establecidas, otorgando además recursos que pudieron ser
aplicados a la fuga de capitales; todo ello, pese a haber sido advertido, por su propia línea
técnica, de que se trataba de un acuerdo no sostenible. Por el lado de nuestro país, se
investiga actualmente si esta operación ha dado cumplimiento a las disposiciones vigentes,
en particular, a las referidas a la participación del Congreso Nacional, tal como lo estipula la
Constitución.
En consecuencia, se trata de una operación que implicó incurrir en prácticas legalmente
cuestionables.
El cambio de contexto internacional a partir del nuevo gobierno en EE. UU. y la
materialización de las consecuencias de la pandemia establecen un nuevo marco. Es
menester encontrar una resolución que comprenda esta cuestión en toda su complejidad y
que active una vía que resulte sostenible para la Argentina.
El propósito de un posible nuevo acuerdo, que remedie los groseros errores cometidos en el
pasado por el FMI (particularmente en nuestro país), debe ser el logro de un programa que
cumpla tres condiciones: no bloquear el crecimiento económico con equidad; hacer frente
en forma sostenible a los compromisos externos; y conducir a la gradual disolución del
problema del endeudamiento externo en el mediano-largo plazo, recuperando autonomía
político-económica, sin tutelajes del Fondo.
Con el acuerdo de 2018, la Argentina pasó a ser el país de ingresos medios con mayor
tiempo de vigencia de programas de asistencia del FMI. Ahora bien, esto no debe llevar a la
conclusión de que estos acuerdos explican la frustración del crecimiento argentino. Por el
contrario, ellos son la expresión de la incapacidad de las dirigencias para articular un patrón
de crecimiento sostenible, como lo patentizan los programas de reformas estructurales de
los años ochenta y noventa, aplicados casi sin resistencias e implosionados por su propia
inconsistencia.
Es central que el nuevo programa que nuestro país acuerde con el FMI se asiente en un
patrón viable de crecimiento que permita superar endeudamientos externos insostenibles.
En otras palabras, el nuevo programa debe plantear un nuevo modelo económico en el que,
como lo sostuvo en más de una oportunidad el Plan Fénix, la deuda deje de ser el palo en la
rueda del desarrollo con equidad.
Es necesario, entonces, encarar dos tópicos esenciales. En primer lugar, cómo lograr
niveles elevados y sostenidos de inversión (no los hubo en los dos últimos ciclos de
crecimiento). En segundo lugar, cómo construir un patrón que —basado en un modelo que
contemple tanto la disponibilidad de recursos primarios como el necesario desarrollo de la
industria y los servicios intensivos en conocimiento— pueda administrar la restricción
externa estructural con la cual el país choca una y otra vez.
Esto debería ser el centro de la negociación con el FMI. La clave no está en el
endeudamiento y la negociación de la salida. Cualquier programa que sea concebido con el
principal objetivo de cumplir con la deuda del FMI será ruinoso para el país. Por más que se
otorguen años de gracia, mayores plazos de pago, canjes por objetivos ambientales y/o
quita de punitorios y sobretasas, el problema estructural será resuelto solo parcialmente. Lo
fundamental es el proyecto que la Argentina (se) plantee.
Como dijera alguna vez el recordado Aldo Ferrer, cada país tiene el FMI que se merece.
Una dirigencia débil y sometida a los designios de los fondos de inversión y calificadoras de
riesgo solo buscará un “certificado de buena conducta” para que el FMI imponga las
restricciones que permitan asegurar posiciones hegemónicas y mantener el statu quo.
Como espejo de la actual negociación con el FMI, contamos con el acuerdo alcanzado con
los acreedores privados, que se fundó en un argumento inapelable. En la lógica de las
finanzas, un deudor riesgoso debe aceptar tasas elevadas por la posibilidad de un default.
No debe sorprender, entonces, que deudas contraídas en esas condiciones demanden
reperfilamientos y reestructuraciones, porque esas tasas elevadas tornan impagables los
compromisos. La negociación llevada adelante fue exitosa no solo porque logró distender
plazos y ganar grados de libertad, sino también porque supo apuntar al concepto correcto:
reducir las elevadas tasas de interés a las que dicha deuda se había contraído.
Esta claridad conceptual debe reiterarse en la discusión con el FMI, exteriorizando un
proyecto congruente y sostenible. La Argentina no negocia ante un acreedor convencional,
sino ante una asociación integrada por los gobiernos de los países. Esta debe ser una
discusión entre gobiernos, sobre un proyecto de crecimiento sostenible y con equidad.
Estas negociaciones con el FMI son, sin duda, arduas; pero podrán tener la virtud de
consolidar el liderazgo estatal, un requisito central para avanzar en un proyecto que ordene
intereses y prioridades, en articulación con los sectores y los actores sociales necesarios
para concretarlo.
La resolución, en los términos recién expuestos, de esta compleja negociación podrá sentar
las bases para un futuro en el que la Argentina deje de recaer en crisis que nos sumergen
en coyunturas tan adversas como las que actualmente intentamos superar. Se trata, por lo
tanto, de construir un proyecto sostenible de país dinámico e inclusivo; tarea que
consideramos tan esencial como pendiente.
