Buscará revertir el archivo de la llamada Causa FMI, que tuvo a Mauricio Macri como principal imputado, y también dar marcha atrás con el sobreseimiento al actual ministro de Economía, Luis Caputo, en un expediente que lo investigaba por omitir su participación en una offshore radicada en las Islas Caimán.

Se trata del fiscal ante la Cámara Federal porteña José Luis Agüero Iturbe, que apelará las recientes decisiones de los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi en ambos expedientes.

La Sala I confirmó días atrás el archivo de la investigación que buscaba dilucidar las circunstancias en las que el ex presidente Macri tomó el inédito préstamo de U$S 57 mil millones con el Fondo Monetario en 2018 y qué pasó con esos fondos.

Una vez que se presenten ambas apelaciones, algo que según fuentes judiciales ocurrirá en los próximos días, los cuestionamientos llegarán a la Cámara de Casación, la máxima instancia penal del país.

Esa confirmación de la Sala I fue como un broche de oro para una causa que, durante su tramitación, nunca le generó demasiados inconvenientes a Macri, Caputo (en ese entonces ministro de Finanzas) y Federico Sturzenegger (expresidente del Banco Central). Sin embargo, Agüero Iturbe ya trabaja en una presentación con argumentos alineados con los que planteó su colega Franco Picardi al rechazar la decisión de Capuchetti.

En términos procesales, el representante del Ministerio Público había sostenido que aún quedaban medidas pendientes de producción y que, lejos de avanzar sobre el archivo, había que profundizar la pesquisa para investigar los actos administrativos detrás del empréstito.

Según Picardi, previo a la toma del crédito no existió un dictamen del Banco Central referido al impacto que tendría en la balanza de pagos, un requisito fijado por ley. Entre otras cosas, el fiscal también recordó que la Auditoría General de la Nación había detectado incumplimientos normativos por parte del Ejecutivo y que, de ese análisis, Capuchetti sólo había tomado en cuenta el voto disidente.

El expediente estuvo abierto más de 5 años y, en un principio, con un impulso importante de la Procuración del Tesoro durante la gestión de Alberto Fernández. Con la asunción de Milei, eso cambió: el organismo nunca promovió ninguna línea investigativa. Picardi fue el único con posibilidades de empujar el caso aunque desde una posición desfavorable porque Capuchetti nunca le delegó la causa.