El incidente ocurrido el pasado 9 de enero, en el cual, inspectores de la Dirección de Ferias que encabeza Germán Luis Santagada, discutieron a viva voz con manteros que hace poco más de un año desarrollaban una feria social que incluía venta y trueque reviste una gravedad institucional y social que no puede quedar impune.
Varios medios locales y medios grandes de alcance nacional se ocuparon en su momento de la aparición de un grupo de vendedores sociales en la plaza existente frente a la estación ferroviaria de Sarandí, la noticia comentaba del regreso del trueque y la venta social para subsistir producto de la economía que afectaba a millones de familias.
El crecimiento del desempleo y la pobreza, llevaron a que millones de argentinos buscaran en la venta de productos en plazas o puntos claves fuera su medio de vida o una ayuda extra, así en Avellaneda surgieron varios proyectos, todos políticos alineados a las agrupaciones que apoyan al intendente, algunos disfrazados de ferias de emprendedores donde se decía se podía vender lo que se producía, pero en medio se mechaba la venta de cualquier producto, eso sí, había presente siempre alguna bandera militante y se organizaban actividades políticas encubiertas de distracción.
Como fuera, esa forma de hacer política era sin dudas oportunista, pero permitía a muchos pasar un rato en la plaza y con suerte obtener una ganancia, ejemplos por si alguno no recuerda La Plaza San Martín frente a la maternidad o la Plaza Moreno, ambas en Sarandí, que se sumaron a las ferias sociales controlados por el gobierno que fueron un fracaso por los desencuentros entre los organizadores y las ubicaciones donde no pasaba gente que pudiera tener interés en comprar.
Ergo, siempre detrás de la supuesta ayuda al necesitado, estaba la mano y el interés político, interés mal aprovechado y utilizado, esta feria no fue la excepción, lo que empezó con un grupo de manteros locales, por la difusión de notas de Clarín, Diario Popular y otros medios como La Nación e Infobae, hicieron que llegaran a probar suerte otras personas y también que aparezcan referentes políticos.
En ese eterna lucha por controlar la calle, desde el municipio aprovecharon esa publicidad para amplificar las quejas de crisis y hambre, pero también para fingir solidaridad, en eso Ferraresi es un «viejo zorro» y hasta creó la Dirección de Ferias para con un emotivo acto declarar junto a Magdalena Sierra que en Avellaneda se apoya el trabajo social.
Pero para controlar y medir a esa gente decidieron censarlos, así, a pesar de que como en las otras ferias se ocupa el espacio público, esta actividad informal fue autorizada por el propio municipio y más aún, se les dió mercadería a muchos para que no dejen de concurrir, traducido y para ser breve, fueron utilizados políticamente en un acto que es más repudiable que el clientelismo donde se regalan cosas, aquí se manipula desde el hambre y la necesidad, más allá de la presencia de algún militante que solo tiene como objetivo ser el oído y ojos de los punteros.
Es decir, que parte del 2018 y todo el 2019, a pesar de haberlos censado, de que los manteros fueron publicados en grandes medios, que incluso canales de noticias mostraron en videos la actividad y hasta entrevistaron a vendedores, ninguno de los denunciados se dio cuenta, hasta comienzos de enero del 2020, que existía una Ordenanza que prohíbe la venta en esas condiciones y por lo tanto, justamente, pasadas las elecciones, ahora los héroes de la resistencia al hambre, son forzados a elegir ubicaciones ridículas que son para terminar con la intención de continuar o represalias que incluyen la detención policial.
Justamente el intendente que tanto habla de los Derechos Humanos, de que entre sus funcionarios prioriza la militancia y no la idoneidad para el cargo, mira para otro lado cuando de desalojar a necesitados se trata, para peor, los argumentos utilizados son ridículos y revelan que Ferraresi y sus funcionarios tienen poco respeto por la Ley, en muchas áreas, secretarios y directores del municipio demuestran ser negligentes o corruptos, pero en este caso puntual, los testimonios, los antecedentes de publicaciones periodísticas, los propios discursos del intendente al respecto y las declaraciones que ya vimos en el video donde uno de los inspectores dice estar cumpliendo casi 2 años después la Ley, sin poder explicar entonces por qué los censaron, por qué les daban un papelito como habilitación, hacen necesario que en un Estado de Derecho, la justicia haga cumplir la Ley, aunque la sanción más dura debería ser la social, no se puede tener el discurso de ser «la resistencia» contra el ajuste y el hambre, para usar a los necesitados.
En esa condena social, también hay que destacar la posición tibia y ridícula de quienes son oposición, como lo es Fernando Landaburu, quien estuve presente en el lugar, quien mejor que nadie sabe que hay acciones que a prima facie son contrarias a la Ley, pero en lugar de denunciar e impulsar la investigación, se sube al juego político y ahora con los mismos argumentos de Ferraresi contra el macrismo y Vidal, dice estar con los necesitados.
Los llamo a la reflexión a los políticos locales, dejen de burlarse de los vecinos, tanto de un lado como del otro, dan asco, es increíble la capacidad de poner cara de nada ante los relatos desesperados de la gente que sufre, como cuando una mujer le relataba a Landaburu que en el Polo Judicial de Avellaneda no le quisieron tomar un amparo contra el desalojo y lejos de ofrecerle el asesoramiento y el patrocinio de Otero o Diana que son abogados se hizo el desentendido, para la payasada de convocar vecinos contra la TAS no hay problema, para lo real, nada. Es muy llamativo que se impulsen acciones contra medidas que gusten o no fueron votadas en el HCD por ende no son viables en el marco legal y no se denuncien acciones que sí deberían prosperar en la justicia.
Y digo bien, deberían prosperar, porque si bien, los hechos por sí solos son una contundente evidencia de un incumplimiento doloso de la Ley por parte de los denunciados, en cuanto y por cuanto no podían ignorar lo que hoy esgrimen como argumentos, donde los funcionarios y el intendente no pueden tomar medidas contrarias a la Ley o las Ordenanzas y lo correcto hubiera sido enviar un proyecto nuevo al HCD que hubiera sido inmediatamente aprobado porque se sabe que hay una mayoría automática, la justicia local, representada por el Polo Judicial de Avellaneda, deja mucho que desear.
Miles de vecinos creen y con fundamento, que la administración de justicia está viciada de arbitrariedad, de corrupción en algunos casos y de negligencia, esta percepción negativa atraviesa a todos los fueros, hay miles de reclamos de justicia en lo penal, en lo civil y los más fuertes en el fuero de familia.
La denuncia presentada solo apunta a lo comprobable, que son las conductas tipificadas en los artículos 248; 248 bis; 249 del Código Penal, dejando librada a la investigación judicial la posible comisión de otros delitos de acción pública y solicitando de ser así se extraigan testimonios y se denuncien los mismos, los involucrados por sus cargos, obligaciones y funciones son el intendente Jorge Ferraresi, el Jefe de Gabinete Alejo Chornobroff, la Directora General de Habilitaciones Comerciales e Inspección del Espacio Público Silvina Ferrando y el Director de Ferias Germán Luis Santagada.
La sospecha de que se podría estar ante la comisión por acción u omisión de otros delitos, radica en el hecho de que en las escalinatas de acceso a la estación de Sarandí, hay un importante puesto de venta de comidas, que no cuenta con las condiciones mínimas de higiene, ni de conservación de alimentos, se venden hamburguesas y salchichas entre otros que no tienen una cadena de frío y en estos días de calor, esto además de no ser legal, es un riesgo a la salud pública, digo, montan un operativo con Cuidadores Ciudadanos, la Policía Local, inspectores de Ferias, pero nadie ve un puesto que también está en infracción pero además es peligroso para la salud?.
Más allá de las sospechas fundadas, de los errores, lo correcto es hacer las denuncias, seguir las investigaciones y si es necesario denunciar las irregularidades, por turno la investigación preliminar está radicada en la UFI 3 de Avellaneda, cuyos titulares son los Agentes fiscales Solange Cáceres y Elbio Laborde con intervención del Juzgado de Garantías 10 de la Dra. Mollo, es una investigación penal muy sencilla que debería ser elevada a juicio sin más trámites, las pruebas en este caso no pueden ser manipuladas, salvo con una máquina del tiempo, hay una Ley que no se cumplió y funcionarios debidamente identificados que han decidido cuándo cumplir la Ley, una facultad que no poseen y que es de mínima un claro abuso de autoridad, no hay justificación jurídica en la buena voluntad de las acciones de quien incumple la Ley.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
