El titular de la UOCRA y directivo de la CGT, Gerardo Martínez, recibió en la Universidad del Salvador un «escrache» público que denunció su supuesto pasado como agente de inteligencia de la última dictadura, informaron los organizadores de la protesta.
La manifestación fue llevada a cabo por un centenar de afiliados al nuevo Sindicato de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC), opuesto a la conducción de la UOCRA y que disputa con esta organización la representación gremial de los albañiles en la zona sur del conurbano.
El gremialista, que está imputado en la Justicia federal, se aprestaba a dar una conferencia en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la casa privada de estudios, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen 2441, pero ante el «escrache» en su contra tuvo que suspender esa disertación, según lo informado por SITRAIC.
«Repartimos volantes a la puerta de la facultad y desplegamos una bandera con los nombres de los 105 compañeros de la UOCRA desaparecidos en la dictadura y la leyenda ‘Cárcel al represor Gerardo Martínez'», afirmó Víctor Amarilla, del SITRAIC.
El activista aseguró que «los alumnos se mostraron muy interesados y se acercaron a hacernos preguntas» sobre el sindicalista luego de lo cual, agregó, «volvieron y nos aseguraron que la conferencia de Martínez se había suspendido, con lo cual nosotros nos retiramos».
El martes pasado el SITRAIC denunció que Amarilla fue atacado «por una patota de la UOCRA de Lomas de Zamora, a las órdenes de Leguizamón, un pistolero a sueldo de Gerardo Martínez.
El 20 de junio pasado Martínez fue denunciado en la Justicia federal por el SITRAIC, junto al Centro de Abogados por los Derechos Humanos; la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos; la Liga Argentina de los Derechos del Hombre y el Instituto de Relaciones Ecuménicas.
Los denunciantes pidieron que se investigue si el titular de la UOCRA, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el homónimo que apareció en los listados del Ejército sobre integrantes del Batallón 601 de Inteligencia durante la dictadura.
Y también que sea citado a prestar declaración indagatoria y se lo detenga por su presunta responsabilidad en el secuestro y desaparición de 105 albañiles afiliados al gremio durante la dictadura.
Además, los denunciantes plantearon al juez federal Sergio Torres que cite de testigos a los ministros de Seguridad, Nilda Garré; de Justicia, Julio Alak; y de Defensa, Arturo Puricelli, así como al subjefe del Ejército y jefe de Inteligencia de la fuerza, general Cesar Milani; al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y al presidente del Archivo Nacional de la Memoria, Ramón Torres Molina.
El pedido es para que esos funcionarios, indicaron, «expliquen cómo se confeccionó el listado» hecho por el Ejército sobre miembros del Batallón de Inteligencia 601 en la dictadura, donde figura un Gerardo Martínez y su presunto número de DNI y que digan «si es confiable y que den detalles sobre lo que haya del gremialista».
Luego de aquella denuncia, el secretario general de la UOCRA presentó un escrito en el juzgado, a través del estudio jurídico Argibay Molina, y no desmintió explícitamente que haya integrado el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, desde donde se dirigió la represión ilegal en Buenos Aires y la zona metropolitana.
En ese texto anunció que realizaría «una investigación en relación a las 105 personas desaparecidas de la actividad de la construcción que han mencionado los distintos medios de comunicación en la publicidad dada a la denuncia». Allegados al dirigente dijeron en ese momento que Martínez no tenía nada que ver con esos episodios pues había ingresado al sindicato después de esos sucesos.
Martínez también publicó una solicitada en los diarios, en la cual negó haber participado en «actividades represivas de las Fuerzas Armadas» durante la dictadura y rechazó haber integrado el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército.
