En defensa del patrimonio de todos los argentinos y la recuperación del rol estratégico del Estado Nacional en el servicio público de electricidad

El secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, expresa su preocupación por la situación actual del sistema eléctrico. La reflexión se produce en el marco de los 26 años del error histórico que vivió nuestro país al ejecutarse el proceso de privatización, cuando se remata el desarrollo del sistema eléctrico nacional, y no sólo se borra la participación activa del Estado, sino que se ignora el esfuerzo de generaciones de argentinos en las inversiones y planteles altamente calificados, y se transforma este servicio público -esencial en la vida de los ciudadanos- en un “negocio privado”. Esto, que provoca una transferencia extraordinaria de dinero de los usuarios a los grandes grupos que se están “carterizados”, en la actualidad permite -con el apoyo estatal- establecer tarifas demenciales dolarizadas.

El resultado del proceso de privatización es el colapso del sector, la fuga de utilidades y el abandono de la inversión por parte de los diferentes grupos que tuvieron y tienen a su cargo la concesión de las empresas. Al respecto, Minucci afirmó: “Hoy estamos ante una crisis grave, como resultado de que no logran satisfacer las demandas energéticas que contemplen el presente y el futuro del país”. En esa línea, el dirigente asegura que a los empresarios no les interesa  el crecimiento y el desarrollo ni en lo técnico ni en lo que se refiere al personal: “Bajo la metodología de bajar costos, desprecian el servicio, hacen que falte material, disminuyen los sectores operativos, reducen la planta permanente de trabajadores, e ignoran la experiencia que este servicio requiere. Su política es entregar el complejo manejo del servicio eléctrico a tercerizados y a otros sistemas, para obtener así una reducción importantísima en sus costos laborales, llevando el servicio al actual estado de improvisación y vaciamiento estructural”.

La decisión del Gobierno de vender una participación accionaria en Transener -operadora de la red troncal de transmisión eléctrica en todo el territorio nacional-, va a afectar al Estado argentino y a sus habitantes. Además, según informes difundidos, existen denuncias sobre las irregularidades en el procedimiento de venta, lo que muestra su verdadera intencionalidad, “que no es otra que repetir el desguace de las mismas, despojándose también de tres Centrales eléctricas como Ensenada Barragán, Brigadier López y Manuel Belgrano II”, explicó el Secretario General”, comenta el dirigente. Y agrega: “esto se da a través de la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia, ocultando que estas empresas son altamente eficientes, con una importante tecnología, con personal altamente capacitado y fuertemente superavitaria”.

En ese sentido, no hay ninguna razón -ni técnica ni económica- para este nuevo ataque al sector energético, en el que en nombre de la política se pretende priorizar la transferencia de la extraordinaria renta, después de que el Estado y el pueblo argentino ya han hecho el gasto y las inversiones. “Vienen a despojar el sistema como en los ’90, a favor de los grupos económicos dominantes”, señala Minucci.

Desde APSEE se considera inaudito -si ocurre lo que se plantea en la información difundida por un diario de tirada nacional- que se concrete esta operación, donde se estima que el Estado se quede con aproximadamente 1100 millones de dólares menos que lo que se paga por mes de intereses de deuda, a la vez que se pretenden pagar comisiones importantes (de unos 24 millones de pesos) a las consultoras y bancos  que trabajen en este proceso de entrega.

En este contexto, Minucci remarca que de continuar en esta línea se va a profundizar la crisis que atraviesa el sector, por lo subraya la necesidad de avanzar en defensa del patrimonio del Estado y del papel dinamizador que debe cumplir éste en el desarrollo del sistema eléctrico nacional. “Nos oponemos terminantemente a las ventas de las empresas del sector dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional”, concluye Minucci.

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