El gobierno ordenó una transferencia de 276,3 millones de pesos desde el Fondo Solidario de Redistribución a la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo encargado de la regulación y control de las obras sociales.
Se trata de un primer gesto que realiza hacia el titular de la CGT, Hugo Moyano, quien antes de la gira de la presidenta Cristina Fernández por Medio Oriente, le reclamo que le salde una deuda que estima en 6.000 millones de pesos con las obras sociales.
Mediante la resolución N° 11/2011, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Hacienda le ordenó al Banco Nación que retire 276,3 millones de pesos de la cuenta recaudadora del Fondo Solidario de Redistribución que se conforma con entre un 10 y 20 por ciento de los aportes y contribuciones de empresas y trabajadores a las obras sociales sindicales, y se lo pase a la Superintendencia.
De acuerdo con la normativa, el fondo tiene por objetivo financiar los tratamientos de alta complejidad y los gastos administrativos de la Superintendencia de Salud.
Se estima que el Fondo Solidario de Distribución recaudó a lo largo del año pasado alrededor de 3.500 millones de pesos. En ese período, los gastos en tratamientos de salud de alta complejidad y los de la Superintendencia sumaron 1.122 millones de pesos. De modo que sólo el año pasado el Gobierno se quedó con casi 2.400 millones de pesos que los sindicatos conducidos por Hugo Moyano consideran propios.
En rigor, la deuda que reclama la central obrera comenzó a engordar durante la gestión de Graciela Ocaña al frente del Ministerio de Salud, al sospechar esta que existían desvíos de dinero en lo relacionado a los tratamientos de alta complejidad.
La ex ministra de Salud pensaba que los sindicatos fraguaban tratamientos caros para quedarse con el dinero y por ello no les habilitaba las transferencias del Fondo.
En sus considerandos, la resolución de Hacienda establece que «el Banco de la Nación Argentina transferirá, con fecha 24 de enero, los fondos correspondientes a las cuotas de programación de la ejecución de la Superintendencia de Servicios de Salud».
De acuerdo con fuentes sindicales, los excedentes del fondo deben redistribuirse de manera anual y de forma equitativa entre todas las obras sociales.
Para ello deben seguir una serie de variables entre las que figuran cantidad de afiliados, salario de los aportantes y cantidad de jubilados que atiende esa obra social. Se estima que a la obra social de los empleados de comercio, OSECAC, le corresponderían más de 250 millones de pesos.
Fuentes de las obras sociales sostienen que necesitan de esos fondos para atender los mayores costos de la salud, en especial de todos aquellos que no figuran en el Programa Médico Obligatorio.
