El Ministerio de Desarrollo Social será quien deba designar a un interventor que tendrá a su cargo la realización de los actos de disolución y liquidación de la empresa estatal.
El Gobierno dispuso el cierre de Lotería Nacional, que conlleva la desaparición del Prode y del juego «La Grande de la Nacional», y facultó al Ministerio de Desarrollo Social a designar a un interventor que tendrá a su cargo la realización de los actos de disolución y liquidación de la empresa estatal.
La medida, concretada mediante el decreto 95/2018 y publicada en el Boletín Oficial, se llevó adelante luego de que el año pasado se concretara la transferencia de un conjunto de juegos (Loto, La Quiniela, La Solidaria, entre otros) a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
«No existen razones jurídicas ni resulta oportuno mantener en vigencia los juegos que actualmente explota Lotería Nacional. La continuidad de la operatoria lúdica en las condiciones actuales de desenvolvimiento implicaría trasladar una situación de quebranto al erario público», argumentó el Gobierno en el texto. E indicó que «la regulación y explotación de los juegos de azar no tiene carácter federal y que, teniendo en cuenta que Loteria Nacional Sociedad del Estado carece de un ámbito territorial y jurisdiccional propio donde llevar adelante su cometido, pierde todo sentido su continuidad bajo la forma societaria en la medida en que han dejado de existir las razones inherentes a su objeto».
A raíz de esa disposición, trabajadores de Lotería Nacional tomaron el segundo piso del edificio de la calle Santiago de Estero al 100, en el centro porteño, para reclamar una respuesta sobre el futuro de los puestos laborales.
El cierre de Lotería Nacional se resolvió en un decreto impulsado en el marco de la Ley de Ministerios, que tiene como objetivo el «reordenamiento estratégico» que permita la concreción de «metas políticas diagramadas» y se torne «más eficiente» la gestión pública.
La medida que lleva la firma de todos los ministros reduce además los integrantes del directorio del Banco Nación, suprime el Servicio Nacional de Rehabilitación y determina que la Agencia Nacional de Discapacidad, organismos descentralizado en la órbita de la Secretaría general de la presidencia, será su continuadora a todos los efectos legales.
Entre los numerosos artículos se modifica las competencias del Ministerio del Interior, el de Agroindustria, el de Desarrollo Social, el de Salud, de Educación, y el de Energía y Minería.
