«El Estado es el principal empleador en negro en las cárceles»

Leandro-HalperínLo afirmó el abogado y especialista en temas penitenciarios, Leandro Halperín. Explicó que un 10% de lo que ganan los presos debería ser destinado a las víctimas, aunque aclaró «que muchas veces no se cumple».

La polémica a partir de un fallo de la Justicia que benefició a un grupo de presos del penal de Ezeiza que reclamó el pago de vacaciones y aguinaldo sigue generando distintas opiniones. En diálogo con Tomás Bulat, por radio El Mundo, el abogado penalista y experto en temas del Servicio Penitenciario, Leandro Halperín, dio detalles sobre cómo funciona la Ley de Ejecución Penal y cuál es el rol de el Estado en cuanto a los presos que trabajan adentro de las cárceles y reciben un sueldo.

«La Ley dice que el Estado tiene que promover esas actividades, pero en la práctica no se cumple esto. El Estado es el principal obstáculo para la educación en un contexto de encierro y es el Estado el principal empleador en negro en las cárceles», señaló el experto. Explicó, asimismo, cómo la legislación establece el destino del salario de los presos, aunque aclaró que en muchas oportunidades no se cumple.

«Los presos están inhibidos en principio de manejar dinero. Por lo tanto el trabajo de los presos va a una cuenta que administra el Servicio Penitenciario. Una cuenta creada por el Ente Cooperador Penitenciario, que es un organismo autártico que fue creado en principio para el trabajo en contexto de encierro y hacer, por ejemplo, contratos con empresas privadas. Luego, se le hacen lo depósitos en un banco y se aplican los descuentos correspondientes que son los establecidos por la ley y que tienen que ver con las sentencias judiciales en función de la indemnización a la victima«, detalló.

Según especificó, el 10% debería ser destinado a la víctima, un 25% debería quedar para el Estado en concepto de gastos de alojamiento y comida, un 35% debería ir a la familia en concepto de alimentos y el resto en un fondo para cuando salga o mientras está en la cárcel para comprar distintas cosas. «Las leyes en Argentina en general establecen un estándar que el Estado no cumple nunca y en materia de política penitenciaria la hipocresía va más allá. En las cárceles las leyes en el medio de trabajo y de educación son iguales que en el medio libre», aclaró el abogado.
A partir de que el Estado no cumplió con lo que dice la Ley fue que el grupo de presos del penal de Ezeiza reclamó ante la Justicia. «El estado no garantizaba esto y por eso hubo un habeas corpus que presentan las personas privadas de libertad cuando ven vulneradas sus condiciones. Como les pagan en negro, le pidieron el Servicio penitenciario y la Ministerio de Trabajo, pero les dijeron que no. Fueron a la Justicia y ahí dijeron que el Estado no podía violar la ley en ningún momento y tampoco en una cárcel y le ordena pagar en blanco», contó.

«Llegamos al fallo judicial, que distorsionado se interpretó como que todos los presos tenían derecho a cobrar los 4400 pesos. Lo cierto e que menos del 20% tiene un trabajo que pueda llegar a las 8 horas diarias. Y menos de 20 por ciento tendría derecho a cobrar los 4400, si el gobierno cumpliera la ley. Pero sabemos que este Gobierno no respeta la ley ni los pasos judiciales. No va a pasar nada con este fallo», vaticinó.

Fallas en Educación adentro de las cárceles

El Estado es el principal obstáculo para la educación en las cárceles. Fui director del programa UBA 22, que es el programa de educación en cárceles, entre 2008 y 2012. Nunca vi impedir con tanto esfuerzo la educación en las cárceles. Nunca vi poner tantas trabas y violentas como este Gobierno.», denunció Halperín.

«El estado sabe cómo responder a unan toma de rehenes o a un motín. Entra con infanterías y les da palo a todos. Sin embargo, los presos que estudian se defienden de los abusos del Estado con otras herramientas como por ejemplo con una presentación de un habeas corpus. El estado no sabe cómo responder a un habeas corpus. El estudio transforma a los presos en personas peligrosas para la cárcel porque ponen en riesgo una lógica que absolutamente perversa que nos perjudica en el medio libre pero que beneficia un sistema de complicidades y corruptelas intramuros que da como resultado un aumento en la espiral de la violencia afuera de las cárceles.

Asimismo, afirmó que «el Estado brinda un curso acelerado de delitos en la cárcel» y que el promedio de un personas en prisión es de 3 años y 6 meses. «El 40 por ciento de las personas que estuvieron en la cárcel vuelve a delinquir y con delitos aún más violentos» Las cárceles no parecería que ayudan a las personas a integrarse pacíficamente y no ayuda a la sociedad con su presencia. Hay que cortar con ese círculo perverso», criticó.

«El 16% de las personas que llegan a tener un titulo en nuestra universisdad sólo vuelven a la cárcel. En relación al 40%, sólo el 16 vuelven a la cárcel cuando estudian. Sólo un tercio. Es significativa la baja. La educación es la medicina contra el delito», expresó.

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