La Suprema Corte de Justicia planteó en julio que la administración de María Eugenia Vidal debe actualizar los salarios de los trabajadores judiciales en función de la inflación. Ante esta situación, el Ejecutivo provincial presentó un recurso extraordinario y finalmente la definición queda en manos de la Corte Suprema Federal.

Así lo resolvió la Corte bonaerense, que luego de un mes de deliberaciones, “dicta una resolución contraria a la que había resuelto antes”, advierten judiciales, al tiempo que precisan que “al voto de los jueces de Casación Carlos Natiello, Fernando Mancini y Mario Kohan, se sumó el llamativo y repudiable viraje producido por Ricardo Maidana y Daniel Carral, que en la primera resolución habían conformado la mayoría por el rechazo del recurso. En esta oportunidad Maidana decidió cambiar su voto, mientras que Carral se escuda detrás de una licencia para no votar”.

“El Poder Judicial garantiza impunidad a un Ejecutivo que decidió mantenerse al margen de la Ley, negando sistemáticamente el derecho constitucional a la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras judiciales”, denunciaron desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). Así, el máximo tribunal será quien deba resolver el conflicto que tiene en vilo a los trabajadores judiciales de cara a la negociación paritaria que aun sigue sin concluir.

El secretario general adjunto de la AJB, Jorge Sotelo, sostuvo en diálogo que el Gobierno “busca dilatar el acuerdo” y reclamó que se actualicen los salarios con la cláusula gatillo, tal como “indica la ley de paritarias”, que establece que “mientras que no se llega a un acuerdo sigue en efecto la paritaria anterior”. “El reclamo de la AJB es simple. Queremos sentarnos a discutir paritarias y el Ejecutivo se niega. Lo que hace es alargar la resolución final y perjudicar aún más a los trabajadores”, remarcó.

Los judiciales afirman que el resultado de la acción judicial impulsada por la AJB pone de manifiesto “la falta de independencia del Poder Judicial provincial, cuya obligación inexcusable es imponer el cumplimiento del orden jurídico vigente a los otros poderes del Estado”.

“Al Gobierno no le importa lo que diga la Justicia porque no cree en la división de poderes. Aquel que falle en contra del Gobierno va a ser perseguido y sancionado”, manifestó Sotelo, quien señaló que hay dos lecturas posibles: “O los magistrados están de acuerdo con la baja salarial y el ajuste o el Gobierno los está apretando para que fallen en este sentido”.