Una vez más la Jueza Federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado sacude el mundo de la política, con una investigación por narcotráfico, donde los nexos de un Coronel retirado del Ejército, experto en inteligencia fue detenido en su vivienda de Nordelta y por los vínculos con jefes de fuerzas de seguridad, inteligencia y políticos, se podría desatar un escándalo de dimensiones importantes.

Un coronel retirado del Ejército fue detenido y acusado de ser parte de un armado destinado a traficar drogas a Europa. Para diseñar el plan, el militar, especializado en inteligencia, se contactaba con personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), según reconstruyeron en la justicia federal de San Isidro.

El hombre sabía que estaban investigando a sus compinches: según la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, la investigación sufrió dos fugas de información —una vinculada a la PSA y otra a la Policía Federal Argentina (PFA).

La justicia llegó al coronel retirado Pablo Guillermo Quiroga a través de una serie de mensajes detectados después de la detención de Martín Asci, una persona con frondosos antecedentes en el tráfico de estupefacientes. Asci supo estar en varias oportunidades en las noticias, sobre todo en 2019, cuando no solo lo encontraron con drogas de diseño, sino que también se conoció que vivía en Nordelta y hasta tenía un yate.

Al momento de allanarlo, a Quiroga le encontraron cuatro armas de guerra: una pistola marca Hafdasa con una inscripción del Ejército Argentino, una pistola Colt, un revólver calibre .38 marca Detective Special y un subfusil marca PA3-DM. También tenía un arma de fuego de uso civil que no le pertenecía: una pistola calibre .22 marca Tala.

En sus descargos, Quiroga buscó negar las reuniones con personal de la PSA. Sostuvo que eran mensajes que le enviaba a Asci porque quería “entretenerlo” y evitar que volviera a involucrarse en la venta de drogas. Dijo —palabras más, palabras menos— que le mentía para que se concentrara en la compra y venta de autos.

Quiroga, según explicó en el juzgado, tiene participación en la empresa Código Q SA, que se dedica a investigaciones privadas de todo tipo, según surge de su página web: infidelidades, antecedentes, búsqueda de personas, fraude, competencia desleal, pruebas para litigios y localización de testigos.

Un dato que no pasó inadvertido es que Quiroga es defendido por Raúl Alberto Rosa, un abogado con pasado en la SIDE y en inteligencia criminal durante la gestión de Guillermo Montenegro.
El coronel retirado, de 63 años, es defendido por este abogado con vínculos con los servicios. Raúl Alberto Rosa se presenta como exdirector de Casos Especiales de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Se trata de un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia que otrora fue promovido por el excomisario Luis Patti en el apogeo del menemismo.

Abogado de profesión, Rosa supo ser colaborador de Miguel Ángel Toma en el Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos (CIEE) y cobró celebridad por ser uno de los autores del proyecto de Cristián Ritondo para la creación de la Dirección de Inteligencia Criminal en la Policía Metropolitana en el año 2009.

El proyecto de ley, cuyo expediente llevó el número 2851-D-2008, señalaba que la Dirección de Inteligencia Criminal dependería en forma directa del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad, a cargo en esos días del ex juez Guillermo Montenegro.
Rosa supo recalar en las simpatías de Toma por haberle conseguido un duplicado de la base de datos completa de la secretaría de Inteligencia, además de un preciado trofeo: su propia carpeta.

La jueza Sandra Arroyo Salgado procesó al coronel retirado con prisión preventiva por los delitos de “confabulación para el contrabando de drogas” y “tenencia ilegitima de cuatro armas de fuego de guerra y una de uso civil”.

El 29 de mayo del año pasado, el fiscal federal Fernando Domínguez pidió que se extrajera la información que surgía de los chats de Asci y que vinculaba a Quiroga —quien aparecía como “Pablo” en los mensajes— con el tráfico y la comercialización de estupefacientes.

La hipótesis de la justicia federal de San Isidro es que todos ellos, entre el 31 de enero y el 8 de marzo de 2024, integraron una organización criminal cuyo objetivo era sacar droga del país, oculta o disimulada, en aviones de línea. Para eso, debían eludir el control aduanero.

Según surge de los intercambios, el plan era enviar droga al aeropuerto Charles de Gaulle, de París. En algún momento, la banda mantuvo conversaciones con alguien llamado “Salty”, que escribía en inglés y estaría afincado en Australia. Al poco tiempo, “Salty” dejó de comunicarse y barajaron la hipótesis de que había sido detenido.

En los chats, Asci y sus compinches se mostraban interesados en que Quiroga viera unas fotos de cómo deberían salir las sustancias del país. “Mínimo 10 unidades”, escribían. Él, en general, reportaba encuentros con personas de la PSA.