Un abogado solicitó que se cite a indagatoria al Vicepresidente por no realizar la presentación correspondiente ante la Justicia cuando afirma que sucedieron los hechos, mientras estaba al frente de Economía y la Anses.
Un pedido para que se indague al vicepresidente Amado Boudou ingresó hoy en Tribunales por el delito de omisión de denuncia, a raíz de sus afirmaciones sobre el Juez Daniel Rafecas y el Procurador General de la Nación Esteban Righi, entre otros.
La denuncia fue realizada por el abogado Ricardo Monner Sans y luego del sorteo de rigor, el caso quedó en manos del Juez Marcelo Martínez Di Giordi, con intervención de la Fiscalía Nº 9 a cargo del Guillermo Marijuan.
La causa, que quedó radicada ante el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, se basa sobre la conferencia de prensa que ofreció la semana pasada el Vicepresidente, a propósito de un allanamiento a un departamento de su propiedad en Puerto Madero, en el marco de la investigación sobre la ex Ciccone Calcográfica.
«Nunca antes -por lo menos, no se conoce- Amado Boudou había señalado la existencia de ilícitos por él ahora atribuido a las personas recién nombradas. Tampoco dijo que como vicepresidente de la Nación y en protección de nuestro régimen republicano y democrático, él hubiera puesto en marcha antes de este muy reciente jueves los mecanismos procesales y legales pertinentes», sostiene la denuncia.
Monner Sans recordó que «todo funcionario público que conoce de la existencia de un delito en el ejercicio de sus funciones, queda obligado a denunciar a aquellos que son perseguibles de oficio».
«No hacerlo, supone el delito conocido como omisión de denuncia (prisión de un año a seis años)», añade el escrito.
Las declaraciones formuladas en conferencia de prensa por el Vicepresidente de la Nación son tan sorprendentes como lamentables.
No se tiene recuerdo de una diatriba de ese nivel pronunciada contra un magistrado por parte del Poder Ejecutivo Nacional, ni es admisible que se permita querer interferir en su provecho en las funciones judiciales, a las que el artículo 109 de la Constitución Nacional excluye expresamente de su competencia. Asimismo resulta intolerable el sistemático ataque contra la libertad de expresión y la pluralidad de ideas.
Ante la reiteración y el tono mayor de los excesos, las abogadas y los abogados exigimos que el Consejo Directivo del Colegio Público active su desidia y adopte una actitud proactiva en defensa de la Constitución, de sus principios y de sus valores.
Dr.Atilio Alterini
Y el equipo de Alianza Cambio Pluralista