La denuncia es por una defraudación al Estado con el alquiler de un inmueble con un sobreprecio que se sospecha es para financiar a un think tank libertario.
El abogado Gregorio Dalbón denunció este miércoles en los tribunales de Comodoro Py al poderoso asesor presidencial Santiago Caputo, al director del PAMI, Esteban Leguizamo, y, entre otros, a Agustín Laje, uno de los inspiradores de la ‘batalla cultural’ del Gobierno, por integrar una asociación ilícita que defraudó al Estado.
Todo comienza con una investigación del portal El Disenso que señala que el PAMI alquiló un inmueble muy encima del precio del mercado y abre la sospecha de que el sobreprecio está destinado a financiar las actividades de la Fundación Faro, un think tank referenciado en Javier Milei, cuyo titular es Laje y que tendría oficinas en un edificio conjunto al señalado en la denuncia, perteneciente al empresario que ganó la licitación.
De acuerdo a El Disenso, el PAMI destinará $2.300 millones en 36 meses en el alquiler de un piso, ubicado en Bartolomé Mitre y Reconquista, a metros de la Casa Rosada, cuyo valor triplica el precio de mercado.
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La contratación se hizo mediante una compulsa abreviada con el fin de instalar allí un call center de la obra social de los jubilados. Pero, según confirma el mismo medio, a 4 meses de haber sido adjudicado, el inmueble permanece vacío.
Como prueba de que el PAMI está pagando caro ese alquiler, El Disenso cita que la institución abona $65 millones mensuales por el 5to piso del inmueble adjudicado mientras la agencia Toribio Achaval pide US$33.800 ($36.639.200, a tipo de cambio oficial del Banco Nación) por el 7° piso del mismo edificio, mientras que la plataforma Argenprop cotiza en $18.000 ($19.512.000) el piso 3°, cochera incluida.
Agrega que, además, el PAMI autorizó hasta $1.000 millones en refacciones para poner en condiciones el inmueble que hoy, a cuatro meses de iniciado el alquiler, sigue en obras.
De acuerdo a la investigación, el único oferente de la compulsa fue Inversora Eslava S.A, de la familia Pocovi.
La firma está representada por Marcelo Pocovi, presidida por su hermana, Victoria Pocovi, y vicepresidida por su hijo Kevin Pocovi, quien fue llevado por Javier Milei en la comitiva que visitó Mar-a-lago, tras la victoria de Donald Trump. Marcelo Pocovi es además padre de Malek, fruto de su relación con Zulemita Menem, prima del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de Eduardo ‘Lule’ Menem, el principal operador político de Karina Milei.
Los 3 Pocovi también fueron incluidos en la denuncia de Dalbón, al igual que los responsables de la inmobiliaria Miriam Campos S.A, señalada en la resolución del PAMI como receptora de $46.800.000 en concepto de honorarios, aunque, señala El Disenso, dada la mecánica de la compulsa directa no era necesaria la intermediación de un agente de bienes raíces. La publicación afirma que Miriam Campos es socia de Pocovi en Desarrollo Los Laureles SA.
El Disenso luego apunta a la relación del PAMI con Santiago Caputo y su consultora Move. En una investigación anterior consignó que la obra social de los jubilados contrató a empleados de la firma que Caputo tiene en sociedad con Rodrigo Lugones.
Según trascendió, recuerda El Disenso, en otro inmueble de los Pocovi -el edificio conjunto al de Barolomé Mitre, en Reconquista 40- se ubican, en el primer piso, la sede partidaria de LLA y, en el 3°, el de la Fundación Faro que dirige Agustín Laje bajo la supervisión de Francisco Caputo, hermano de Santiago y también apuntado en la denuncia de Dalbón.
«Es posible que Agustín Laje, Axel Kaiser (dirigente chileno que es N°2 de Faro) y Francisco Caputo, hermano del inmanejable Santiago, sean unos gastadores bobos, como el Estado. Pero es más probable que, mediando un truco de prestidigitación, el alquiler excesivamente sobrepreciado de PAMI sea un acto simulado para desviar fondos y sostener las lujosas instalaciones de la Fundación Faro», sostiene el portal de investigación.
Dalbón hace referencia a esa sospecha cuando afirma en su denuncia que la «creación y funcionamiento de la Fundación Faro, con oficinas en un edificio alquilado por el PAMI, pone en evidencia la utilización de recursos públicos para fines partidarios».
Dalbón hizo la denuncia por los «delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores que aquí se indican». La misma recayó en el juzgado que subroga Sebastián Casanello, a la vez que el fiscal es Franco Piccardi.
