En Argentina, poco hay para el asombro y mucho menos para entender las fuentes de la CORRUPCIÓN y la IMPUNIDAD, ya que es de esperar que quienes administran justicia, que juzgan a los ciudadanos y aplican sanciones, sean los primeros en ajustarse a derecho y por ende ocupar los puestos que ostentan dentro de la justicia, pero sucede y muy a menudo, que nuestros jueces y demás funcionarios judiciales a la hora de cumplir con la Ley se aferran a una reprochable conducta que es la de no dar cuenta de sus actos.
Así como es difícil que un funcionario judicial se preste a dar las explicaciones que muchas veces necesitan los ciudadanos por las medidas que adoptan o más aún por los errores que cometen, mucho más difícil es conocer las variaciones en sus patrimonios, conducta que incluso ha sido «apañada» por algunas resoluciones y acordadas de nuestra Corte Suprema, lo que en la practica es un incumplimiento velado de la Ley 26.857 de Ética en el ejercicio de la Función Pública, una Ley que ha debido esperar muchos años para que algunos de los sectores comprendidos en el universo de los obligados sea reglamentada y de acceso público, tendiente a la transparencia que todo Estado espera de sus funcionarios.
Consultar algunas declaraciones juradas, puede ser un proceso complejo a pesar de que si los obligados se ajustaran a derecho debería ser un simple trámite, muchos incluso se han escudado en una supuesta «CUESTIÓN DE SEGURIDAD» para no cumplir con la Ley, como es el caso de funcionarios judiciales y policiales, pero la Ley señores debe ser cumplida por todos sin distinción de funciones o de gustos.
En una República, un Poder no está por sobre otro, sino que se controlan y se complementan, pero, en la Argentina, algunos jueces apelan como ya lo he mencionado, a cualquier artilugio, incluso los que parecen tener una construcción normativa válida, para deformar la información de lo que son las declaraciones juradas.
Vale aclarar, que las inconsistencias en dichas declaraciones juradas pueden dar lugar al inicio de procesos judiciales por distintos delitos, de los cuales los más comunes pueden ser «omisión maliciosa», «falsedad ideológica», entre otros delitos de acción pública.
Dicha «fiesta de impunidad» por parte de quienes deberían respectar el concepto de honorabilidad, transparencia y ética en sus funciones, parece encontrar complicidad en los funcionarios que deben recopilar, archivar y controlar las declaraciones juradas, muchos de los cuales no solo no controlan los contenidos de las mismas, solicitando se rectifiquen las inconsistencias, sino que más grave aún, no reclaman a aquellos que han omitido presentar las mismas, a pesar que el incumplimiento está tipificado como un delito, Art. 268(3) Código Penal y Art. 8 de la Ley 25.188.
A la fecha, consultar una declaración jurada patrimonial ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, es un trámite que se ha vuelto curiosamente más complejo, años atrás, si bien había casos que resultaban escandalosos, como fue el pedido de las declaraciones juradas patrimoniales de la Jueza previsional Muleiro, la cual intentó con un oficio frenar el acceso a esa información pública a la que estaba obligada, demostrando un desprecio por la Ley incoherente, más incoherente fue la posición de apoyo que en primera instancia recibió por parte de algunos consejeros como el Dr. Mario Fera, el Dr. Recondo y el ex senador radical Mario Cimadevilla, que luego recularon en lo que era un encubrimiento más que un apoyo.
Volviendo a la actualidad con la designación como del Dr. Federico A. Vincent, como Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura Poder Judicial de la Nación, puedo asegurar que se ha hecho un retroceso grave desde lo institucional, no solo por «los palos en la rueda» que este señor coloca a los pedidos, orden que baja a sus empleados, sino por las excusas incoherentes y fuera del cumplimiento de la Ley y las funciones que suelen expresar, peor aún, el señor Vincent luego no reconoce lo que dice frente a sus superiores, pero dicen que uno es esclavo de sus palabras y eso lo pinta como lo que es.
En unas primeras y pocas declaraciones juradas solicitadas en el mes de noviembre del 2016, pudimos encontrar no solo evidentes inconsistencias, sino que curiosamente, funcionarios judiciales omitieron presentar por dos años declaraciones juradas patrimoniales y nadie los intimo conforme a lo que establece la Ley, más aún, al solicitar las declaraciones juradas y pasar a retirar las copias, se nos certificó la falta de dos declaraciones juradas anuales y ante la pregunta de por qué no se le requirieron al funcionario la respuesta fue textualmente «NO SE SOLICITARON PORQUE EN ESOS AÑOS HABÍA OTRA GESTIÓN Y EL DIRECTOR CONSIDERA QUE YA PASÓ», no es necesario para entender que si la Ley establece un plazo de 10 años para conservar los declaraciones juradas, resulta un incumplimiento que dentro de ese período un funcionario no haya hecho la presentación, como tampoco es necesario ser abogado para entender que las inconsistencias actuales y las reiteradas más la no presentación, son de competencia del señor Vincent, salvo que este por ser abogado y director general crea que puede aplicar su criterio personal por sobre la Ley.
Quiero confiar en la buena voluntad y el trabajo del actual presidente del Consejo de la Magistratura el Dr. Miguel Piedecasas con quien mantuve una reunión preocupado por el acceso a las declaraciones juradas, ante una serie de requisitos que no están contemplados en la Ley 26.857 ni en la Resolución 237/2014 que es la Reglamentación interna de la mencionada Ley. Es mi deseo que se elimine la burocracia actual y de una buena vez se digitalicen tal y como ocurre con las declaraciones juradas en la Oficina Anticorrupción
Tan curiosa, tan impune es la conducta de quienes deben aplicar y hacer respetar la Ley, que visten a nuestra JUSTICIA de CORRUPCIÓN e IMPUNIDAD, porque esas son las palabras correctas, no se puede estar buscando eufemismos a la hora de llamar a las cosas por su nombre, lamentablemente esto no va a cambiar porque si hay algo que sobra son cómplices y poca voluntad por sancionar a los que no cumplen con la Ley cuando son del mismo palo. Para usted lector, para mí, todo el peso de la Ley y si se equivocan no pasa nada, ya he leído muchas resoluciones del Consejo de la Magistratura donde jueces que perjudicaron a ciudadanos con sus fallos han sido beneficiados con la tierna interpretación de que los hombres son FALIBLES y no se percibe de la lectura de la denuncia una intención por parte del Juez de causar un perjuicio.
En la nota he reiterado varias veces que no es necesario ser abogado, ya que muchos de estos funcionarios cuando no saben que decir recurren a la muletilla «¿usted es abogado?», para intentar irse por las ramas de una supuesta sabiduría incomprensible para el resto de los mortales, arrogancia que es proporcional su crecimiento al cargo que ostenta el funcionario en cuestión, sí, como si la lectura y la comprensión fuera algo revelado para unos pocos elegidos, señores funcionarios, todo ese conocimiento no se ve reflejado a la hora de llenar una sencilla planilla que es la declaración jurada patrimonial, errores, omisiones, letra ilegible, números que no se comprenden y cifras que no se sabe en qué moneda están expresadas. Y es justamente por su condición de abogados que estas inconsistencias no pueden ser valoradas como simples errores, ¿acaso no son ustedes los legos?.
Que alguien me explique cómo los ciudadanos podemos confiar en funcionarios judiciales que deben investigar denuncias de enriquecimiento ilícito si ellos mismos no quieren y no pueden hacer una declaración jurada patrimonial tan simple como lo es la de carácter público.
Estimados lectores, cada día desconfío más de los hombres que administran justicia, hay una fiesta para pocos y lamentablemente no solo no estamos invitados, sino que somos los que la pagaremos.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
