Cuesta imaginar que en algún lugar del mundo, alguien que tenga como cargo y funciones «defender al Pueblo» haga todo lo contrario, máxime cuando su puesto tiene un elevado costo para los ciudadanos que debería defender.
No hacer, o hacer mal las cosas está mal, es inaceptable, pero ser cómplice de quienes deberían ser investigados por la posible comisión de delitos de acción pública y de otros que no respetan el orden tiene una gravedad institucional pocas veces vista.
Los vecinos de las inmediaciones de la calle Raposo al 6700 de Wilde viven una situación incómoda y que atenta contra la convivencia y armonía de toda sociedad ordenada, en una vivienda se realizan fiestas, poco importa si son clandestinas o simples fiestas, las mismas se realizan generando desorden, con explosiones de las motos de quienes allí concurren, muchos de los cuales salen de la fiesta conduciendo borrachos y poniendo en riesgo vidas inocentes.
Por eso no se trata de jóvenes que se divierten y hacen ruido, se trata de irresponsables y potenciales criminales, los accidentes dejan de serlo cuando son el producto de conductas previas que se podrían evitar.
Pero curiosamente los delitos no los cometen los que organizan y concurren a las fiestas, sino que los que violan la Ley son justamente los funcionarios públicos, tanto municipales como policiales.
Por el lado del municipio en el lugar existe un domo municipal, es decir que si los operadores controlaran podrían avisar a los responsables del municipio para intervenir en la prevención del desorden y el caos y la policía controlar que los vehículos involucrados reúnan las condiciones exigibles a cualquier ciudadano para circular, además de controlar que no se viole la Ley de drogas.
Nada de esto sucede, el Municipio de Avellaneda y los policías de la comisaría 5ta de Wilde son señalados por los vecinos como corruptos y se puede escuchar en los videos que comparten y en los comentarios de las redes sociales que TODOS ESTÁN ARREGLADOS. La reiteración de estos desmanes, la impunidad de quienes lo cometen, son por sí solos la mejor evidencia de que existen responsables involucrados y que deberían responder ante la justicia.
Lo insólito y grave, es que quien ejerce como Defensor del Pueblo de Avellaneda actúe de manera irresponsable y que sea cómplice de hechos que debería denunciar en el HCD y en la justicia, además de hacer las recomendaciones correspondientes al municipio, son esas las acciones correctas y no el ir a charlar con los infractores y argumentar que se comprometieron de buena fe, ¿qué buena fe puede tener quien se caga en sus vecinos?, para peor, Daniel García usa los recursos de la Defensoría para publicar sus pavadas en los medios que tienen pauta con la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, lo que confirma que en Avellaneda, el periodismo es en realidad un conjunto de medios oportunistas que están muy lejos de informar la verdad o criticar lo que está mal.
Son responsables de las andadas de Daniel García los concejales de Avellaneda, no he leído nada de los políticos locales sobre la conducta de Daniel García y la oposición parece estar cómoda con el hecho de que Rodrigo Galetovich sea el defensor adjunto lo que le permite nombrar militantes en la Defensoría que son puestos a dedo y no por capacidad, así las cosas la Defensoría nos cuesta muy cara y no defiende a los vecinos en nada.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
