Fuentes judiciales del CAAL y de políticas de la Secretaría Permanente de enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, confirmaron a nuestro medio el inicio de lo que será el jury de enjuiciamiento al Dr. Luis Carzoglio Juez de Garantías Nº 9 del Polo Judicial de Avellaneda, denunciado por la Dra. Adriana Coliqueo representando al CAAL (Colegio de Abogados Avellaneda – Lanús) al que se sumó el intendente Jorge Ferraresi, representado por el Dr. Alcides Daniel Bosisio como apoderado del municipio.
Para llevar adelante esta avanzada política del ejecutivo de Avellaneda, por sobre la autoridad y potestad de un magistrado, encuentra un colegio de abogados politizado, al punto de que por un lado se cuestiona la interpretación que tiene todo Juez de valorar según su criterio las cuestiones justiciables, más aún, por un lado cargar sobre un Juez que molesta con sus amparos, para impulsar a un abogado que viene manchado por escándalos de corrupción, que posee denuncias por violencia de género, incluso con restricciones de acercamiento a su ex mujer e hijos, más aún, su cercanía al secretario de DDHH municipal Claudio Yacoy, hace que no solo sea representado por abogados que deberían estar en sus puestos para asesoramiento de los vecinos, sino que incluso va acompañado a las audiencias por empleados de la Secretaría de DDHH.
Al parecer, nadie del CAAL, ha reparado en estas cuestiones, que no son irregularidades ya que se repiten una y otra vez, sino que se trata de una metodología de desvío de recursos que debiendo estar al servicio del vecino, se utilizan solo para «amigos» y militantes.
No está mal que abogados tengan una ideología e incluso militancia partidaria siempre y cuando entiendan que las autoridades de un Colegio Público de Abogados tiene esa finalidad, ser público.
Para entender sobre la función teórica de los colegios de abogados o barra de abogados, es una entidad agrupación o asociación que nuclea a los abogados y ejerce funciones de carácter gremial o disciplinarias en el ejercicio de la profesión, la regulación de la normativa profesional, especialmente deontológico.
La utilización con fines políticos desvirtúa los fundamentos de creación de un colegio de abogados.
Es poco habitual la participación activa de los colegios en lo que al impulso de denuncias de funcionarios judiciales se refiere, siendo la escasa actividad en lo que ha controles del ejercicio de la profesión de funcionarios judiciales se refiere, lo que es preocupante y no se puede dejar de mencionar, es que las presentaciones al respecto deberían estar acotadas al correcto ejercicio de la profesión y la ética, salvaguardando la autonomía que por sus funciones tiene todo Juez de aplicar el criterio personal, abundan fallos al respecto de los diferentes concejos de la magistratura, como de la Corte al respecto de la falta de tipicidad y persecución judicial del criterio al momento de dictar un fallo, porque es justamente esa la actividad de los jueces, interpretar la Ley y dictar fallos, los cuales se pueden compartir o no, pero existe un proceso judicial que permite apelar todo medida que se considere afecta intereses comunes para la sociedad.
Los argumentos para solicitar el jury de enjuiciamiento comienzan con el enojo de las autoridades del CAAL, por una cautelar que suspendía las elecciones, el otorgamiento de arrestos domiciliarios y medidas cautelares sobre temas tan sensibles para el municipio de Avellaneda, como lo son el Hospital de Wilde y el Parque Domínico, estas medidas, que uno puede compartir o no, son como lo indica su palabra medidas cautelares, de urgencia, pero provisorias, que no resuelven la cuestión de fondo, esto implica que privar a un Juez o impulsar una denuncia por hacer uso de una de sus facultades, es permitir que un poder, en este caso el ejecutivo utilice este mecanismo de la democracia repúblicana como un método de presión, que raya la extorsión.
Son muchos los que deberían explicarnos a los vecinos por qué por un lado se persigue a un Juez que no agrada con sus fallos a la gestión, ya que su intervención puede ser pasible de revisión superior, mientras por otro lado se impulsa el nombramiento de abogados que no se encuentran psicológicamente aptos, contando con impedimento de contacto y perimetrales sobre su familia, no parecen los más recomendados para ejercer la magistratura.
Obviamente como parte de los actores sociales de una nación basada en el respeto de las instituciones y el Estado de Derecho estaremos siguiendo de cerca este jury, esperamos que cada uno cumpla su rol de la forma más profesional, sabemos que hay quienes han hecho de los DDHH un negocio, de la político el empleo para ellos y toda su familia, necesitamos como país instituciones fuertes, si el Juez debe ser enjuiciado debe serlo con todas las garantías, con argumentos que tengan más que ver con la comisión de delitos o de irregularidades en el ejercicio de sus funciones, tal como la establece la Ley 13.661
Como medio independiente esperamos las aclaraciones de quienes quieran o consideren necesarias hacerlas, cuando consideramos que debíamos opinar sobre medidas adoptadas por el juez o algún funcionario judicial lo hemos hecho respetando los criterios de estos y si había que denunciar se hizo con fundamentos, esperamos de políticos y abogados respeto y seriedad.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
