El Juzgado en lo Correccional N°1 de San Isidro dictó esta semana condena contra Carolina Velázquez, exjueza de Familia de Pilar, a 3 años de prisión con libertad condicional e inhabilitación especial por 6 años para ejercer cargos públicos. La magistrada fue hallada culpable de integrar una red que presionaba a mujeres embarazadas de escasos recursos para que entregaran a sus hijos a cambio de dinero, y que luego facilitaba los trámites de adopción a familias adineradas a cambio de coimas. La resolución se conoció esta semana y cierra una causa que investigó el accionar irregular en el Juzgado de Familia N°2 de Pilar entre 2018 y 2022.
Según la investigación judicial, Velázquez utilizaba su cargo para contactar a mujeres en situación de vulnerabilidad durante el embarazo o post-parto. Les ofrecía «soluciones rápidas» y montos de dinero a cambio de firmar el consentimiento de entrega. En paralelo, agilaba los expedientes de adopción para familias con alto poder adquisitivo que pagaban sumas irregulares para saltear los tiempos del Registro Único de Aspirantes. El tribunal entendió que hubo abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y cohecho, configurando un esquema de tráfico de influencias con niños como objeto.
La pena de 3 años con libertad condicional se dictó porque la exjueza no registra antecedentes y el delito no supera el mínimo de 3 años de prisión efectiva. Sin embargo, la inhabilitación por 6 años es clave: le impide volver al Poder Judicial, a cargos electivos o a cualquier función pública. La condena también obliga a Velázquez a reparar económicamente a las víctimas y a cumplir reglas de conducta durante el período de la probation. El fallo del Correccional N°1 de San Isidro puede ser apelado ante la Cámara Penal departamental.
El caso reabre el debate sobre los controles en los juzgados de familia y en los procesos de adopción en Provincia. Desde 2022 la Suprema Corte bonaerense reforzó los protocolos del Registro Único de Adoptantes para evitar discrecionalidad, pero organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo y Redes por la Infancia advierten que la vulnerabilidad económica sigue siendo usada para presionar a madres. La sentencia contra Velázquez es de las primeras contra un juez por este tipo de maniobras y sienta precedente para causas similares en San Isidro, La Plata y Morón, donde hay investigaciones en curso por irregularidades en adopciones.
