 CIDH culmina 165 Período Ordinario de Sesiones en Uruguay
27 de octubre de 2017
Montevideo – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró el 165 Período Ordinario de Sesiones en Montevideo, del 23 al 27 de octubre de 2017, a invitación del Estado uruguayo. La celebración de sesiones fuera de la sede permite a la CIDH acercar los mecanismos de defensa, protección y promoción de los derechos humanos a las personas y los pueblos bajo su competencia. Se trata de un hecho histórico, dado que es la primera vez desde su fundación que la Comisión Interamericana sesiona en Uruguay. La CIDH expresa su agradecimiento al Estado uruguayo por la invitación a realizar estas sesiones en el país, así como por su cooperación financiera y logística a fin de hacer posible la realización de todas las actividades programadas. En especial, la CIDH valora que el Estado uruguayo haya dispuesto interpretación al lenguaje de señas para todas las audiencias públicas. Asimismo, la Comisión manifiesta su agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil y al pueblo uruguayo por su colaboración y hospitalidad.
La CIDH agradece la participación en la ceremonia de inauguración del Período de Sesiones de la Vice-Presidenta de Uruguay y Presidenta de la Asamblea General, Lucía Topolansky, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa. En su discurso, el Presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, destacó que, si bien Uruguay no es ajeno a los grandes desafíos de derechos humanos que afectan a la región, se han registrado avances importantes. Entre ellos, destacó las actividades del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que continuó recabando testimonios, llevando a cabo exhumaciones y localizando los restos de personas desaparecidas durante la dictadura (1973-1985); la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sancionada en 2012, considerada como una de las mejores prácticas en la región en temas de derechos sexuales y reproductivos; importantes pasos en la lucha contra la impunidad por actos de violencia contra las mujeres, en especial la tipificación del femicidio; la aprobación en 2013 del matrimonio igualitario y la asunción del cargo de la primera senadora transgénero en el país; la creación del Instituto Nacional de Personas Mayores y los avances en la implementación del segundo Plan Nacional sobre Envejecimiento y Vejez, entre otros avances. En contraposición a ello, la CIDH lamenta que, durante la celebración de las sesiones, la Corte Suprema de Justicia del Uruguay haya emitido una sentencia en que declara inconstitucional la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad perpetrados en la dictadura, lo cual es contrario a las obligaciones internacionales de Uruguay en materia de derechos humanos y a los estándares interamericanos.
La CIDH informa con satisfacción que el intenso trabajo realizado con relación a peticiones y casos ha resultado en un aumento muy significativo de los informes de admisibilidad y de fondo aprobados, superando a la fecha la duplicación en el número de informes adoptados por la Comisión en comparación con el año pasado. En todo el año 2016 se aprobaron 45 informes de admisibilidad, y en lo que va de 2017 se aprobaron 99. En cuanto a los informes de fondo, se aprobaron 16 informes el año pasado, y 33 en lo que va de este año. Esto constituye un logro clave para la reducción del atraso procesal, que es un objetivo esencial del Plan Estratégico de la CIDH.
Asimismo, la Comisión analizó proyectos de informes temáticos y de país, adoptó decisiones sobre el Informe Anual correspondiente a 2017, y analizó solicitudes de medidas cautelares. La Comisión realizó durante estas sesiones 13 reuniones de trabajo. Las reuniones de trabajo sobre medidas cautelares fueron sobre los siguientes asuntos: MC 223/13 – Saleh y Gerardo Carrero, Venezuela; MC 17/17 – Niño Juan, Argentina; MC 265/02 -Pueblo Indígena Embera Chambí, Colombia; MC 70/99 – Comunidades Cacarica, Colombia; MC 564/17 – Santiago Maldonado, Argentina; MC 25/16 – Milagro Sala, Argentina. Asimismo, la CIDH facilitó 6 reuniones de trabajo sobre peticiones y casos en distintas etapas de negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa en los siguientes asuntos: Caso 12.629, Comunidad Indígena Kelyenmagategma y P-850-15, Pueblo Ayoreo, ambos de Paraguay; P-1159-08, A.N. y P-1377-13, Aurora, Costa Rica; P-687-11, G. B. y 12.904, Comunidad indígena Aymara Chusmiza Usmagama, Chile; y P. 1224-07, David Rabinovich, Uruguay. La Comisión destaca la voluntad de las partes en la petición 1224-07 de Uruguay, en el cual suscribieron un acuerdo de solución amistosa para la resolución del asunto por fuera de la vía contenciosa. La Comisión dará seguimiento a la implementación de dicho acuerdo hacia una reparación integral. La Comisión valora la voluntad de las partes para avanzar en los procesos de negociación de soluciones amistosas que permitan a las victimas alcanzar la reparación integral por las violaciones de derechos humanos relacionadas con dichos asuntos.
Asimismo, se realizaron 28 audiencias públicas, y reuniones sobre Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así como temas regionales que afectan a América o a subregiones del continente. La CIDH agradece la nutrida participación de los Estados y de la sociedad civil en las audiencias, las reuniones de trabajo y los eventos públicos que tuvieron lugar en el marco de estas sesiones. La Comisión Interamericana destaca la importancia de que los Estados participen en todas las audiencias, de buena fe y con información sustantiva adecuada, a fin de avanzar en forma constructiva hacia soluciones a los problemas de derechos humanos que enfrenta la región. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se fortalece con la participación activa de Estado, víctimas y sus representantes y organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, la CIDH lamenta la ausencia de representaciones de los Estados de Ecuador y de Jamaica en las audiencias a las que fueron convocados.
La CIDH recibió información preocupante sobre la situación de derechos humanos en Brasil en cuatro audiencias temáticas. En la audiencia sobre la situación de inseguridad ciudadana, se informó sobre la grave situación de vulnerabilidad de los y las habitantes de las favelas en Rio de Janeiro, el uso desproporcionado de la fuerza policial y el registro de cientos de personas que habrían sido asesinadas por fuerzas estatales en lo que va del año. Asimismo, se recibió información preocupante sobre los obstáculos en el acceso a la tierra por parte de comunidades afrodescendientes; la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y el impacto sobre los derechos económicos y sociales de la reforma laboral y la tercerización que tiene lugar en el país. Las reformas laboral y pensional y la reducción del gasto social podrían tener un impacto desproporcionado sobre los sectores más pobres, en particular en relación a sus derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, respecto a las personas afrodescendientes y a los pueblos indígenas, persisten situaciones de inequidad, desigualdad, exclusión y violencia. La CIDH manifiesta su preocupación ante el contexto de una seria regresividad en materia de derechos humanos, durante el cual tuvieron lugar manifestaciones sociales en reacción a los procesos de reforma laboral y pensional, así como en relación al conflicto de tierras. La Comisión expresa asimismo su preocupación ante la represión de estas protestas por las fuerzas de seguridad, mediante un uso excesivo de la fuerza, que habría resultado en lesiones a manifestantes y periodistas, imponiendo obstáculos al ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión en general.
La CIDH continúa avanzando en la discusión y seguimiento de la situación de derechos humanos en Venezuela en el marco de la elaboración de un informe de país. Se realizó una audiencia solicitada por el Estado de Venezuela en la cual se recibió información, de parte de autoridades estatales y de organizaciones de la sociedad civil, sobre la situación del derecho a la educación en Venezuela. Asimismo, a iniciativa propia de la CIDH, se realizaron otras dos audiencias sobre este país, sobre la situación de la institucionalidad democrática, y la situación de violencia, seguridad ciudadana y libertad de expresión.
La información recibida durante estas sesiones y a lo largo del año indica que existen avances en la región, que la CIDH reconoce y saluda, pero advierte que persisten grandes desafíos para el ejercicio libre y efectivo de los derechos humanos. Debido a cambios recientes y a la falta de soluciones a problemas históricos, la región se enfrenta a un grave riesgo de retrocesos en materia de derechos humanos. Esta situación se debe a la fragilidad del sistema democrático que afecta a varios países de la región; el cuestionamiento sobre la legitimidad de las instituciones, vinculado a graves casos de corrupción y problemas de impunidad; la crisis económica que impacta de manera desproporcionada a los grupos de población históricamente discriminados y marginalizados; y los altos niveles de violencia e inseguridad ciudadana que impactan de manera directa en el goce de derechos de los y las habitantes de América. Particularmente preocupante resulta la creciente militarización de la seguridad ciudadana. Los retrocesos en legislación y políticas sociales registrados en los últimos años están afectando gravemente el acceso a derechos económicos y sociales básicos, como alimentación, salud y educación, con una incidencia desproporcionada sobre los sectores que ya estaban en situación de pobreza, así como niños, niñas y adolescentes, personas mayores, mujeres, afrodescendientes, indígenas y personas LGBTI, entre otros grupos históricamente excluidos. También se han dado retrocesos en la garantía de derechos a través de otras reformas legislativas, particularmente a través de la ampliación de la competencia de la justicia penal militar. En algunos países de la región se han presentado expresiones públicas de autoridades y algunos sectores de la sociedad que han adoptado discursos que defienden y proclaman formas de discriminación como la xenofobia, la misoginia, la homofobia, bifobia y transfobia, a través de un discurso que incita al odio y a la violencia por razones discriminatorias. La CIDH también se encuentra preocupada por las amenazas, la criminalización, las represalias y la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y contra periodistas, socavando su rol fundamental y esencial en la consolidación de la democracia y en la lucha contra la corrupción y contra el abuso de autoridad. También se detecta un aumento en el uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifestaciones y protestas, así como también en la represión policial, lo cual afecta particularmente a las poblaciones en mayor vulnerabilidad como personas en situación de pobreza, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, sindicalistas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, migrantes, refugiados, apátridas, desplazados internos y personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex, entre otros sectores. Estos y otros elementos conforman un escenario complejo para la protección y defensa de los derechos humanos en la región.
La situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en la región es uno de los temas que preocupa profundamente a la CIDH. Continúan perpetrándose asesinatos, ataques, hostigamientos y amenazas contra las personas que se dedican a defender los derechos de los demás, al tiempo que se han sofisticado los mecanismos de silenciamiento y amedrentamiento en su contra, con procesos de criminalización y un uso indebido del derecho penal que redunda en violaciones a los derechos humanos de defensores y defensoras, y también en la desprotección e indefensión de aquéllos por quienes trabajan. En este contexto, la CIDH celebró audiencias en Montevideo en torno a esta temática, a fin de recibir información sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en Panamá; la situación de personas defensoras, líderes y lideresas sociales en Colombia; y la criminalización de las defensoras del medio ambiente en América Latina. Asimismo, la CIDH organizó en el contexto de estas sesiones un taller de defensoras y defensores de la tierra, el territorio y el ambiente. En este taller, personas defensoras de África, Asia y América compartieron experiencias positivas y lecciones aprendidas para la construcción de capacidades de acción colectiva.
Adicionalmente, de forma de reforzar los mecanismos actualmente existentes para enfrentar y dar respuesta a este grave problema, la Comisión Interamericana y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzaron el 25 de octubre de 2017 en Montevideo un plan de acciones conjuntas para contribuir a la protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos en América. El Presidente de la CIDH, Francisco José Eguiguren Praeli; el Relator de la CIDH para personas defensoras de derechos humanos de la CIDH, José de Jesús Orozco; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein; y el Representante del Alto Comisionado para América del Sur, Amérigo Incalcaterra, estuvieron a cargo del evento de lanzamiento del plan. Como primera acción conjunta, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado elaborarán un informe sobre buenas prácticas que sirva de guía para las acciones y las políticas públicas que puedan adoptar los Estados en el futuro de manera de enfrentar esta situación. La cooperación con la ONU y con otros sistemas regionales de derechos humanos permite reforzar el trabajo y su impacto, por lo cual es una de las líneas de trabajo del actual Plan Estratégico de la CIDH, y la Comisión espera que este plan de acciones conjuntas contribuya de manera efectiva y tangible a mejorar las condiciones de seguridad para que defensores y defensoras de derechos humanos puedan desarrollar su trabajo sin temor a sufrir violencia en represalia por sus acciones. Asimismo, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado sostuvieron una reunión de tres horas con organizaciones de la sociedad civil de toda la región, donde escucharon inquietudes y recibieron información sobre diversas situaciones de derechos humanos, en un encuentro altamente productivo que también evidencia la estrecha colaboración existente entre el sistema interamericano y el sistema universal de protección de los derechos humanos.
En el marco de esa colaboración, la asesora en prevención y asistencia a víctimas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Ivonne Pineda Castro, participó en la audiencia sobre la situación de derechos humanos de las víctimas de trata y tráfico de personas de América Latina y el Caribe. La experta presentó en la audiencia el Informe Global sobre Trata y los resultados de la última reunión del Grupo de Trabajo de Trata de Personas del Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.
En Montevideo, la CIDH realizó consultas regionales a fin de recibir sugerencias sobre las líneas prioritarias de acción con miras a elaborar los planes de trabajo de sus Unidades Temáticas sobre Memoria, Verdad y Justicia, y sobre los Derechos de Personas Mayores. Estas unidades fueron creadas en marzo de 2017 a través de la aprobación del Plan Estratégico de la CIDH, y en el período de sesiones celebrado en mayo de 2017 en Buenos Aires, Argentina, la Comisión designó al Comisionado Paulo Vannuchi como responsable de ambas. La Comisión Interamericana agradece a las personas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas la masiva participación en ambas consultas. En el evento se lanzó una campaña regional de visibilización y conscientización de las personas mayores como sujetos de derecho con autonomía, bajo el lema “vivir con dignidad y derechos en todas las edades”. Se trata de una iniciativa de la Comisión Permanente de Personas Mayores de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos (RAADH) del MERCOSUR para contribuir y alentar la firma y ratificación de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores. La campaña fue elaborada por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR y cuenta con la adhesión de la CIDH. El lanzamiento se realizó en paralelo en el marco de la consulta en Montevideo, y en el marco de la XXX Reunión de RAADH en Brasilia, Brasil.
Ambas unidades temáticas sistematizarán las sugerencias y propuestas recibidas a fin de construir sus planes de acción para el período 2018-2019. La Comisión Interamericana trabaja en estos temas desde hace décadas, y pretende profundizar ese trabajo y expandir su especialización en el área a través de la creación de estas Unidades Temáticas. En este sentido, en Uruguay se realizó una audiencia para recibir información actualizada sobre el derecho a la memoria, verdad y justicia y la situación actual de los procesos por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Adicionalmente, se realizó una audiencia a fin de dar seguimiento a las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. En relación con los derechos de las personas mayores, se realizó en Montevideo una audiencia sobre la situación de las personas mayores LGBTI en América.
El acceso a la justicia y las condiciones necesarias para garantizarla es otra línea transversal en el trabajo de la CIDH. En Montevideo se realizaron varias audiencias que abordaron diferentes aspectos de esta temática: Independencia judicial y garantías del debido proceso en Paraguay; Independencia del Tribunal Constitucional de Perú; Autonomía e independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos en Uruguay; e Independencia judicial en Bolivia, son algunas de ellas. La CIDH continuará monitoreando el acceso a la justicia en todos los países de la región, en virtud de los altos índices de impunidad que imperan en muchos de los países, en especial para los crímenes de lesa humanidad, y en los casos de violencia contras las mujeres, contra defensores y defensoras de derechos humanos, contra líderes y lideresas indígenas y ambientalistas, contra personas gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersex, contra personas en situación de pobreza, contra personas privadas de libertad, contra niños, niñas y adolescentes en situación de calle o en conflicto con la ley, y contra personas migrantes, apátridas o desplazadas, entre otros grupos que por diversos motivos están en situaciones de mayor vulnerabilidad. La debilidad de algunos sistemas de justicia, la falta de independencia y autonomía de algunas instituciones y defensorías del pueblo, la falta de criterios transparentes y objetivos en la selección de jueces y juezas para integrar altas cortes, la precariedad de los nombramientos de jueces y juezas, las amenazas contra operadores de justicia, son algunos de los problemas que afectan el derecho de acceso a la justicia y que perpetúan la impunidad para estos y otros crímenes. La Comisión Interamericana continuará dando un estrecho seguimiento a esta problemática, que afecta en diversos grados en forma generalizada a toda la región.
Por su parte, el Comisionado James Cavallaro, Relator de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, realizó una presentación en Buenos Aires del Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva, el cual parte de la base de que el problema del uso arbitrario e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en la región y que hay una ausencia generalizada de voluntad política para abordar el tema. Asimismo, presentó la Guía Práctica que acompaña dicho informe. La presentación por parte del Comisionado Relator tuvo lugar el 25 de octubre en un evento organizado por la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires en forma conjunta con el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados bonaerense, el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y el Foro para la Justicia Democrática (FOJUDE).
En Uruguay se realizaron varias audiencias que abordaron este problema y otros relativos a los derechos de las personas privadas de libertad. Relacionado a ello, se realizaron varias audiencias relativas a la situación de seguridad ciudadana en la región y en diversos países en particular, que es un problema al cual la Comisión Interamericana está prestando especial atención. Ello, en virtud no sólo del derecho que tienen las personas a vivir libres de violencia, sino también a la necesidad de que las políticas públicas para abordar este problema sean adoptadas en total respeto a los derechos humanos de todas las personas, y teniendo en cuenta que las políticas llamadas “de mano dura” han esencialmente contribuido a multiplicar las violaciones de derechos humanos y no necesariamente a mejorar la situación de seguridad ciudadana, tal como fue establecido en el informe de la CIDH sobre el tema. En las sesiones en Montevideo, la CIDH recibió información sobre estos temas en las audiencias sobre la situación penitenciaria en América; denuncias de ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la prisión preventiva en Jamaica; Seguridad ciudadana y situación de derechos humanos en las favelas de Río de Janeiro, Brasil; y situación de la prisión preventiva en México.
La situación de los derechos de los pueblos indígenas continúa siendo un tema de profunda preocupación para la CIDH, y recibe un constante seguimiento por parte de la Relatoría temática, a cargo del Comisionado Francisco Eguiguren. En estas sesiones se celebró una audiencia sobre la situación de derechos humanos de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonia y el Gran Chaco; y otra sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil. En el marco de las sesiones, la Comisión publicó asimismo un nuevo informe sobre la situación de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en la región. Este informe analiza la manera en que las mujeres indígenas están expuestas a una intersección de formas de discriminación basadas en su identidad cultural, sexo y género, como resultado de los remanentes históricos y estructurales del colonialismo, creando superposición de violaciones de derechos humanos. El informe analiza los obstáculos que esta situación crea en el acceso y goce efectivo de las mujeres indígenas a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y la manera en que esta discriminación estructural las expone a altos niveles de violencia, hechos que además quedan en gran medida en la impunidad.
Los derechos de las mujeres, de las niñas, de las personas afrodescendientes y de las personas en el marco de la movilidad humana internacional continúan siendo temas transversales en el trabajo de la CIDH. Además de las audiencias sobre mujeres defensoras de derechos humanos en la región, se realizaron audiencias sobre el derecho de acceso a la tierra de personas afrodescendientes quilombolas en Brasil; sobre denuncias de asesinatos, desapariciones y tortura en Coahuila de Zaragoza, México; sobre violencia sexual contra niñas en América Latina y el Caribe; y sobre la situación de derechos humanos de las víctimas de trata y tráfico de personas de América Latina y el Caribe. Muchas de las audiencias abordaron además situaciones derivadas de la interseccionalidad de diversos factores que contribuyen a una situación de discriminación y exclusión por múltiples factores, tal como la audiencia sobre situación de personas mayores LGBTI, que aborda la intersección entre la discriminación por edad y con base en orientación sexual, identidad o expresión de género y/o diversidad corporal. La CIDH continúa dando seguimiento a estos temas bajo el liderazgo de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes, a cargo de la Comisionada Margarette May Macaulay; la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, a cargo de la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño; y la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes y la Unidad sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambas a cargo del Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva.
En relación con el derecho a la libertad de expresión, se realizó una audiencia sobre la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador, además de abordarse el tema de una de las audiencias sobre Venezuela. La CIDH continuará dándole seguimiento a estas situaciones a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a cargo del experto Edison Lanza.
Asimismo, en relación con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), se realizaron dos audiencias sobre derechos laborales: situación de los derechos laborales y sindicales en Argentina; y reforma laboral y tercerización en Brasil, y una audiencia sobre derecho al acceso a la salud, relativa al virus del Zika en relación con la protección y garantía de los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. La experta Soledad García Muñoz, primera Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, también participó en las audiencias sobre derecho a la educación en Venezuela, el derecho al acceso a la tierra de las comunidades afrodescendientes quilombolas en Brasil, y sobre los derechos de las defensoras del medio ambiente en la región. Esta Relatoría Especial, que entró en funcionamiento el 15 de agosto de 2017, continuará dando seguimiento a estos y otros temas, profundizando y expandiendo el trabajo de la CIDH en DESCA.
En relación con el Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, la CIDH celebró una nueva audiencia para recibir información actualizada de las partes sobre el avance de las investigaciones para determinar la verdad de lo ocurrido con los 43 estudiantes de la Escuela Raúl Isidro Burgos, en la noche del 26 de septiembre de 2014, así como para avanzar en las investigaciones a fin de determinar el paradero de los estudiantes, establecer responsabilidades materiales e intelectuales y hacer justicia. En la audiencia participaron familiares de los estudiantes desaparecidos, sus representantes, y el Estado. El Mecanismo Especial de Seguimiento es la herramienta creada por la CIDH para dar seguimiento a la medida cautelar otorgada el 3 de octubre de 2014 que continúa vigente y, en ese contexto, monitorear las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la CIDH, que presentó su informe final sobre su trabajo de dos años a fines de 2016. La CIDH y el Estado mexicano acordaron en 2016 el financiamiento integral del Mecanismo Especial para la realización de visitas periódicas a México y mantener una interlocución abierta con los familiares y sus representantes, el Estado mexicano y otros actores relevantes. La Comisión Interamericana agradece la información recibida en la audiencia, pero lamenta que aún no se tenga conocimiento del paradero de los estudiantes desaparecidos, y reitera nuevamente su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las líneas de investigación señaladas por el GIEI. El hecho de que hasta la fecha no haya persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada, y que desde diciembre de 2015 no se haya presentado ninguna nueva acusación, continúa siendo gran motivo de preocupación para la Comisión.
En cumplimiento de su mandato de promoción de los derechos humanos en la región, la Comisión realizó un curso dirigido a organizaciones de la sociedad civil, que tuvo lugar en el Palacio Legislativo y en el que participaron casi 40 organizaciones de toda la región. Este curso fue co-organizado por la CIDH con el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Bernard and Audre Rapoport Center for Human Rights and Justice de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y el Washington College of Law de American University.
El Período de Sesiones en Uruguay fue el cuarto realizado fuera de la sede en 2017, después de Argentina en mayo, Perú en julio y México en setiembre. Los períodos de sesiones fuera de la sede son una oportunidad para ampliar la presencia pública de la CIDH en la región y para el acercamiento a las víctimas. La CIDH agradece especialmente al Estado uruguayo por haber dado su anuencia que las sesiones en Montevideo fueran ordinarias, lo cual habilita a realizar audiencias y reuniones sobre situaciones de derechos humanos en Uruguay. Asimismo, la CIDH celebró un Período de Sesiones en la sede en marzo y celebrará un Período Extraordinario de Sesiones del 29 de noviembre al 7 de diciembre en la sede, oportunidad en la que se celebrarán el Foro Interamericano de Derechos Humanos y audiencias públicas sobre Canadá y Estado Unidos.
La CIDH toma nota de las advertencias sobre potenciales represalias planteadas por representantes de la sociedad civil en varias audiencias y reuniones de trabajo, quienes expresaron su temor a regresar a su país por este motivo. La Comisión recuerda que es inaceptable cualquier tipo de represalia o estigmatización que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. El artículo 63 del Reglamento de la CIDH establece que los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”. La CIDH urge a los Estados a adoptar medidas de protección para garantizar la seguridad de todas las personas que han participado en actividades del período de sesiones o que utilicen cualquiera de las herramientas disponibles a toda la población de América.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. |
