Una auditoría sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad detectó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de deuda exigible de dos áreas del organismo. El relevamiento también observó pagos bajo la figura de “legítimo abono” y contrataciones que son analizadas por la Justicia.
Una auditoría realizada sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó un desfasaje de $158.717 millones en sus registros internos. La diferencia surgió al comparar las deudas informadas por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), según un informe sobre la gestión del organismo hasta el 21 de agosto de 2025, cuando Diego Spagnuolo fue desplazado de su cargo.
La diferencia entre los registros de deuda
El informe consignó que “se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible”. La DNASS, que tenía a su cargo programas como Incluir Salud, fue el área que informó el mayor volumen de deuda. Desde esa dependencia señalaron que los importes y su clasificación podían haber sufrido variaciones por posibles errores involuntarios en la carga de datos realizada por prestadores.
La auditoría también puso el foco en el mecanismo de “legítimo abono”, utilizado para pagar bienes o servicios que ya habían sido entregados o prestados sin atravesar previamente los procedimientos ordinarios de contratación. Según el relevamiento, al momento del corte se habían iniciado solamente seis procedimientos de compra vinculados con esos servicios. Además, el informe registró pagos por $479.504 millones a prestadores de medicamentos e insumos entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
En paralelo, la DNASS es analizada en una investigación judicial a cargo del fiscal federal Franco Picardi, que indaga presuntas irregularidades en procesos de compra, entre ellas posibles sobreprecios y pagos indebidos. Las hipótesis forman parte de una causa en trámite y deberán ser determinadas por la Justicia.
