Definitivamente, Mauricio Macri no parece tener suerte con los funcionarios que designa. Los datos que circulan sobre las actividades y antecedentes recientes de sus «elegidos» no le hacen ningún favor a su imagen.

En el último tiempo pasó a engrosar la lista de los funcionarios cuestionados Juan Ernesto Curutchet, vicepresidente del Ban­co Ciudad nom­brado por el jefe de Gobierno, y candidato del PRO a convertirse en juez del fuero me­tropolitano.

Curutchet es un joven aboga­do de extracción liberal. Tuvo militancia estudiantil a principios de los años 90 en UPAU, expresión univer­sitaria que supo orientar la Ucedé del ingeniero Álvaro Alsogaray y su hija Ma­ría Julia; fue una pieza clave en la organiza­ción de la derecha populista que encarnaba Adelina Dalesio de Viola (transmutada en menemista y lue­go desaparecida del mapa político) y hoy es, además de funcionario, el aboga­do influyente al que la empresa sueca Atlas Copco recurrió bajo cuerda para resolver juicios laborales millo­narios en la Argentina a partir de haber de­fendido intereses de la empresa, también sueca, Scania, y de la vinculación de Atlas Copco con la ultraliberal Fundación Bicen­tenario, creada y presidida por el doctor Curutchet, claro.

Según fuentes sindicales de La Banca­ria, las denuncias de negociados, coimas y tráfico de influencias en el Banco Ciudad se apilan en los juzgados, sobre todo desde el ingreso del pelirrojo Curutchet, a quien ha­cen responsable de nombrar asesores muy bien rentados que pertenecen a su estu­dio jurídico o a la Fundación Bicentena­rio. En estos días, con el objeto de seña­lar un caso concreto de doble moral, las fuentes señaladas agitan la escandalosa declaración jurada presentada por el «Co­lorado», según la cual el funcionario (que defendió el revalúo inmobiliario de Macri del 2008) posee una propiedad de 300 metros cuadrados en la ciudad valuada en 53.484 pesos; dos terrenos en Pilar valua­dos en 5.989 pesos y otro en Cariló, de más de 1.200 metros cuadrados, valuado en 4.580 pesos.

Todas sus pro­piedades, suma­das, valen 26 mil pesos menos que su auto, una ca­mioneta cuatro por cuatro Honda CRV, declarada en 96.100 pesos.

Sin embargo, y más allá de esta incongruencia, el drama de Curut­chet -y por lo tan­to el de su mentor, MM- comienza a desarrollarse en un terreno cenagoso para el jefe de Gobierno: el juzgado federal de Norberto Oyarbide, el mismo juez que investiga a Mauricio Macri en el caso de las escuchas ilega­les y al que el jefe de Gobierno descalificó en más de una oportunidad.

Un lobbysta ahí

Atlas Copco, la multinacional sueca, in­tegra el Olimpo de empresas de ese origen insospechadas de corrupción. El gigante es­candinavo cuenta con varias sedes en todo el mundo y, a pesar de la imagen cristali­na que supo ganarse, acumula también al­gunas denuncias en el tintero. Por ejemplo, fue investigada por el gobierno de George Bush (h) a raíz de su paso por Kuwait tras la Guerra del Golfo, y por el Estado mexica­no, en conexión con una causa por lavado de dinero. En 2009 Atlas Copco obtuvo ga­nancias globales por casi 7.000 millones de euros. Para lograr ese rendimiento fue cla­ve la política de ajuste llevada a cabo, sobre todo, en América Latina. Decenas de vene­zolanos, chilenos, brasileños y bolivianos perdieron su trabajo entre 2007 y 2009. También argentinos, como el ingeniero Da­niel Atilio Yoan, que trabajó 17 años para la firma y a quien no le reconocieron los mon­tos indemnizatorios debidos. Atlas Copco prefirió acudir a la Justicia, pero tomando un atajo, como se verá.

Yoan hoy es acreedor a una indemniza­ción de 6 millones de pesos, depositada le­galmente en el Banco Ciudad, aunque no la puede cobrar aún por las apelaciones reite­radas que hace la empresa para la que tra­bajó. La demanda laboral lleva el número de expediente 3598/08. Pero antes, el inge­niero Yoan se encargó de desnudar los la­zos de funcionarios de esa empresa con lo peor de la Justicia local.

En septiembre del año pasado, Yoan y su abogado se encargaron de investi­gar por su cuenta al grupo que en nom­bre de la empresa a la que representan intentaba sobornar a la Justicia laboral para frenar las demandas. Un buen día, en el Sheraton Park Tower, los ejecutivos de se reunieron con un «influyente» abogado local y tramaron un plan. Yoan y su abogado, Marcelo Do­mínguez, se las ingeniaron para grabar la conversación y filmar el encuentro. Se­gún todas las pruebas aportadas al juz­gado de Oyarbide (que incluyen audio y fotogramas), el hombre clave presentado para llevar a cabo el soborno sería Juan Curutchet.

La causa 7507/09, que comenzó siendo una denuncia, ahora está bajo estricto se­creto de sumario.

DZ/km