Bajo Flores:Se concretó el desalojo voluntario, a pesar de que algunos okupas incendiaron 5 departamentos

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, confirmaron a los medios de prensa que ya no quedan intrusos en los departamentos ocupados ilegalmente.Informaron que las viviendas registran faltantes varios y que las que fueron quemadas deberán reconstruirse desde cero.

Los ocupantes que desde marzo se habían instalado en un complejo de viviendas en Bajo Flores desalojaron el predio «voluntariamente», informó la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal. El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, confirmó que no quedan ocupantes en el predio e informó que durante el desalojo se incendiaron cinco casas. «Estamos intentando identificar quiénes iniciaron el fuego», afirmó el funcionario a la prensa.

El desalojo se llevó adelante pacíficamente y las personas que decidieron salir por su cuenta fueron ubicadas en micros contratados por la ciudad, en tanto que la coordinación de la salida estuvo a cargo de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social porteño. En total eran 120 personas que ocupaban el predio.

En diálogo con la prensa, la ministra Vidal informó que en las viviendas hay objetos faltantes y que las unidades que fueron incendiadas deberán ser reconstruidas de cero. Esto obliga a demorar aún más la entrega de las unidades.

La Policía Metropolitana y la Policía Federal llegaron hoy temprano al complejo de viviendas de Lafuente y Castañares, en el Bajo Flores, para proceder a su desalojo, tal como dispuso la Juticia. El predio estuvo tomado desde el 6 de marzo. El operativo llegó luego de que la Corte Suprema intimara a los Gobiernos de la Nación y la Ciudad a que cumplieran la orden que había dado el juez federal Luis Armella para liberar las viviendas.

El operativo comenzó con las primeras luces. La ministra de Desarrollo Social porteña, María Eugenia Vidal, llegó pasadas las 9 de la mañana al predio y había manifestado su esperanza de que «reflexionen» las personas que toman el complejo habitacional, del cruce de las avenidas Castañares y Lafuente, para evitar la actuación de las fuerzas de seguridad que rodean el lugar.

El complejo fue construido por la Corporación Buenos Aires Sur, del Gobierno porteño, para entregárselo a los habitantes de los asentamientos El Pueblito y Luján, dos barrios de emergencia que están a la vera del Riachuelo. Su relocalización es necesaria para que pueda continuar la construcción del camino ribereño, una de las obras incluidas en el plan para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, iniciativa que se lleva adelante por orden de la Corte Suprema.

El juez Armella, quien está a cargo de la ejecución del fallo de la Corte, ordenó tres veces el desalojo. Pero la Nación decía que era responsabilidad de la Ciudad, mientras que éste afirmaba que la Metropolitana no tiene capacidad operativa suficiente para actuar sin apoyo de la Federal.

Tras varias postergaciones, la Corte intimó el martes 17 a ambos gobiernos a que elaboraran un plan en conjunto para liberar las viviendas, y tras ello inmediatamente entregarlas a sus nuevos ocupantes.

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